SAN SEBASTIÁN.- Patxi Elola vivió 12 años rodeado de custodios. Cada vez que iba a subir a su camioneta, la revisaban de arriba abajo en busca de una bomba oculta, pero él igual temía lo peor: «Con una mano giraba la llave y con la otra me tapaba los ojos».
Se siente un sobreviviente. Desde que ETA anunció hace tres años el cese de la lucha armada camina sin miedo a que lo maten. Ya no lo siguen tres escoltas a todas partes ni tiene que inventar una rutina cada día para moverse con su familia por su pueblo, Zarautz, un municipio de la costa vasca en el que trabaja como jardinero y del que es concejal por el socialismo.
«Las cosas están cambiando, pero nos queda muchísimo por hacer», dice Elola. El reto de la reconciliación y la convivencia asoma como una utopía delicada en el País Vasco después de 40 años de terrorismo, más de 800 muertes en atentados y con una ETA que, si bien no asesina, se niega a desarmarse y a disolverse.
El pánico desaparece en cámara lenta. Las heridas sangran todavía. Algunos de los etarras más crueles salieron de las cárceles este año, tras acogerse a beneficios de un sistema judicial que nunca reconocieron. Y la formación política de la izquierda independentista o abertzale -de históricas complicidades con ETA- gobierna más de 100 municipios.
Así ocurre en Zarautz, un pueblo desgarrado por innumerables atentados mortales. «Los que mandan ahora son los mismos que antes se reían de mí porque iba escoltado o nos gritaban «paredón» a los que hacíamos homenajes a las víctimas», recuerda Elola.
Hay reflejos que no se borran. Antes de contar su historia, Elola se gira hacia atrás para ver quiénes están en las otras mesas del bar. Cada tanto baja la voz. Relata cómo le quemaron el coche y su almacén cuando fue elegido concejal. Cómo le pintaban en la vereda de su casa siluetas humanas con la cabeza echando sangre. Cómo los dirigentes abertzales del pueblo se niegan hasta hoy a conmemorar a las víctimas del terror.
El reto de la reconciliación y la convivencia asoma como una utopía delicada en el País Vasco después de 40 años de terrorismo
Son pocos los que se animan a cruzar la barrera imaginaria que divide a los que toleraron o ampararon la violencia y los que la sufrieron durante décadas en esta próspera comunidad autónoma de 2,1 millones de habitantes. Alentados por organizaciones pacifistas, en varios pueblos vascos se organizan foros discretos de convivencia entre dirigentes de la izquierda independentista, del PP, del socialismo y del nacionalismo moderado que gobierna la región (el PNV).
«Socialmente ya no se puede aceptar la violencia. No podrían justificarla ni los sectores políticos que la apoyaron en su momento. Hay una necesidad de escuchar al otro, de no repetir errores del pasado», describe Aitziber Blanco, de la ONG Lokarri, promotora de los diálogos por la paz.
El jueves pasado, Tolosa -30 kilómetros al sur de San Sebastián- vivió un suceso singular. Representantes de todas las fuerzas políticas se unieron en una noche gélida y lluviosa para recordar a las víctimas de «todas las violencias». Se honró a los blancos de ETA, a los que sufrieron abusos policiales, a los asesinados por grupos parapoliciales, a los perseguidos.
«El miedo físico terminó, pero entre los que nos pronunciamos como españoles todavía existe el miedo social, por más que ETA no mate», señaló Pello Achucarro, concejal por el PP.
Lo escuchaba Antton Izaguirre, ex alcalde por Herri Batasuna, la ya desaparecida agrupación madre de la izquierda abertzale: «Yo no hablaría de miedo. Existe reparo a opinar por la tensión que ha existido durante años. En mi entorno hubo también miedos: a la ilegalización, a la represión, a la cárcel».
La causa de los presos se mantiene arriba en las reivindicaciones de la izquierda abertzale, a pesar de que en 2011 sus dirigentes aceptaron rechazar la violencia y tomar distancia táctica de ETA
La escena hubiera parecido surrealista tres años atrás. Izaguirre, Achucarro y militantes de otros partidos compartían una cerveza en el mismo bar, al terminar el acto por las víctimas. Hablaban un poco en euskera, un poco en español, por cortesía con la visita de LA NACION. En los años de plomo, no podían pasar por la misma calle a la misma hora.
«Lo que buscamos es trabajar en fórmulas para aprender a respetarnos, a reconocer el dolor y los derechos de los otros sin que eso implique aprobar sus ideas», explicó Achucarro. ¿Qué expectativas tiene? «Ninguna. Caminando se llega. Hay que caminar y será cuando sea.»
A unos pocos kilómetros de ahí, en Lasarte, la tensión se palpa en las calles. Un coche de la policía regional vasca hace guardia a todas horas delante de un edificio del centro de este suburbio industrial de San Sebastián. Desde hace tres semanas, vive ahí Santiago Arróspide Sarasola, alias «Santi Potros», uno de los cerebros militares de ETA y responsable del atentado que en 1987 causó 21 muertes en un supermercado de Barcelona.
«Santi Potros» ganó la libertad por una interpretación legal que le permitió descontar de su condena en España el tiempo que pasó en cárceles de Francia. En el último año y medio, más de 70 etarras salieron a la calle por la aplicación de doctrinas judiciales que anticiparon su excarcelación.
Su regreso a Lasarte causó conmoción entre una parte de la población. Y alegría en otra. A la prisión fue a buscarlo su cuñado, padre de un concejal que es mano derecha del actual alcalde de la ciudad. En los balcones de Lasarte, se ven aquí y allá banderas que reclaman el envío al País Vasco de los más de 500 presos etarras que el gobierno español mantiene dispersos en cárceles de toda la península.
Enfrente de donde vive «Santi Potros» está la sede del socialismo, un local bautizado con el nombre de Froilán Elespe, un concejal asesinado por ETA en 2001.
Hernández admite que hay gente de su entorno que le retiró el saludo por juntarse con gente «del otro lado». Lasa dice que la reconciliación apenas ha comenzado: «Necesito creer que al menos empezamos a limar esas diferencias».
Jesús Zaballos, líder socialista de Lasarte, denuncia que desde que gobierna Bildu (la alianza política que aglutina a la izquierda abertzale) la convivencia se enturbió. Relata que cuando el nuevo alcalde asumió el poder, los socialistas les pidieron mantener el despacho de Elespe en el ayuntamiento. «No sólo no nos dejaron, sino que allí se instaló la cuñada del asesino de Froilán, concejal por Bildu, y lo adorna con carteles a favor de los presos.»
A «Santi Potros» también se lo condenó por el crimen del general Rafael Garrido y de parte de su familia. Una bomba voló el auto en el que viajaba en San Sebastián con su esposa y uno de sus hijos el 26 de octubre de 1986.
«Yo estuve a punto de subirme al coche y al final me quedé en la casa. A los pocos segundos, oí la bomba, me acerqué corriendo y lo vi todo. No hay minuto en que no piense en eso», recuerda Fernando Garrido Velasco, otro de los hijos del general asesinado.
Está en Vitoria, la capital vasca, donde el gobierno regional acaba de condecorarlo por su participación en un programa de diálogo entre víctimas de distintas violencias. Cuando se le pregunta por el asesino de sus padres y su hermano, sorprende con la respuesta. «Si la ley lo dice, adelante. No puedo oponerme a que se aplique la ley. La pena verdadera es que estos hombres sigan pensando igual; que en algunos casos los reciban como héroes en los pueblos.»
Axun Lasa también se sumó al proyecto galardonado por el gobierno vasco. Es la hermana de Josean Lasa, un joven etarra de bajo rango que desapareció en 1983 y fue hallado 12 años después enterrado en cal viva en un descampado de Alicante. Lasa y su compañero Joxi Zabala fueron secuestrados, torturados y asesinados por el GAL, el grupo parapolicial que ejecutó la guerra sucia contra ETA durante los primeros años del gobierno de Felipe González.
«Tenía mucho miedo de reunirme con otras víctimas. Miedo a sentir odio y a sentirme odiada», cuenta… a LA NACION.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) es la agrupación más combativa contra la excarcelación de presos y la más reacia a participar del proceso de paz
A su lado está su «gran amiga» Mari Carmen Hernández. En junio de 2000 su esposo, Jesús María Pedroza, concejal del PP en Durango, fue ejecutado de un tiro en la nuca por un sicario de ETA. «Antes de oír la historia de Axun no podía imaginar que del otro lado habían pasado por semejante sufrimiento. Fue muy fuerte descubrir que, pese a las enormes diferencias ideológicas, en el sufrimiento éramos iguales», dice esta mujer menudita de voz casi inaudible.
«Ha sido la mejor vivencia que he tenido -la interrumpe Lasa-. Eso de conocer de viva voz la experiencia dolorosa de otro; haber incorporado en mí eso de alguien a quien despreciaba.»
Hernández admite que hay gente de su entorno que le retiró el saludo por juntarse con gente «del otro lado». Lasa dice que la reconciliación apenas ha comenzado: «Necesito creer que al menos empezamos a limar esas diferencias».
Afuera, por las calles de Vitoria discurre una manifestación de pañuelos blancos. La agrupación Etxerat la convocó para protestar contra la dispersión de los etarras condenados. «El 42% de los presos está en cárceles a más de 800 kilómetros de su tierra. ¿De verdad pueden hablar de paz mientras siguen estas vulneraciones de derechos para ellos y sus familiares?», se quejaba Maider Alustiza, a la cabeza de la marcha.
La causa de los presos se mantiene arriba en las reivindicaciones de la izquierda abertzale, a pesar de que en 2011 sus dirigentes aceptaron rechazar la violencia y tomar distancia táctica de ETA. Fue el atajo para volver al ruedo político en un momento en que la banda terrorista marchaba hacia la decadencia, diezmada por los golpes policiales y deslegitimada socialmente.
«Con su política penitenciaria, el gobierno español sigue demostrando falta total de interés en resolver el conflicto», se queja Pernando Barrena, ex dirigente de Batasuna que pasó tres años en prisión por su supuesta vinculación con ETA. Hoy es el portavoz de Sortu, la facción más radical de la red de partidos que forma Bildu. «ETA ha tomado una decisión política importante, al dar por terminada una fase en la que intervino desde el uso de las armas.» Dice que su agrupación es la única que está pensando en las víctimas, pero «en todas las víctimas».
Convivir con los asesinos es sólo una parte del camino que debe recorrer el País Vasco para superar a ETA
A Josu Puelles le horroriza ese discurso. Su hermano Eduardo, policía antiterrorista, murió de un bombazo en Arrigorriaga el 19 de junio de 2009; fue la última persona que asesinó ETA en el País Vasco.
«Entre las víctimas, sentimos desazón. Se está tratando de pervertir lo que ha sido ETA, un grupo que le declaró la guerra a la democracia española. Es mentira que aquí hubo dos bandos», explica, sentado en el living de su casa, en Bilbao.
En su visión, el gobierno vasco y la izquierda abertzale quieren convertir el terrorismo en algo puramente ético y eliminar el contenido político.
«Se intenta privatizar todo lo sucedido entre la víctima y el victimario, que hablemos del dolor para que no hablemos de política. Lo que pasó aquí fue público, no privado: ETA mató en nombre del pueblo vasco y con una motivación política, que era la independencia. Y contó para eso con el apoyo de un sector social. Este relato, la parafernalia de la reconciliación, busca eliminar ese componente político para que se pueda hablar otra vez de la independencia.»
Puelles integra el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la agrupación más combativa contra la excarcelación de presos y la más reacia a participar del proceso de paz. «No tenemos por qué festejar juntos, ni reunirnos ni abrazarnos. Que reconozcan la legalidad española y defiendan sus proyectos en democracia.»
Cristian Matías comparte esa sensación. A su abuelo, Manuel Albizu, le vaciaron un cargador en la cabeza, en 1976, cuando iba al volante de su taxi. ETA reivindicó el crimen unos días después, mientras en su pueblo, Zumaia, dejaban correr el rumor de que era un confidente de la policía. «ETA primero te mataba y después venía la justificación social. Siempre digo que lo asesinó parte del pueblo, además de los terroristas.»
Son pocos los que se animan a cruzar la barrera imaginaria que divide a los que toleraron o ampararon la violencia y los que la sufrieron durante décadas en esta próspera comunidad autónoma de 2,1 millones de habitantes
El caso nunca se esclareció. Matías no tiene un sumario judicial, sino un dossier de prensa que se encargó de armar para reconstruir qué había pasado con su abuelo, acribillado cinco años antes de que él naciera. «Ahora nos hablan de perdón. Pero ese perdón no nos llega a las víctimas. Los terroristas no ayudan a esclarecer los crímenes ni repudian sus actos. Que nadie me diga que están arrepentidos.»
Hace pocos días se encontró en la cola del banco con José Antonio López Ruiz, alias «Kubati», el pistolero que mató a sangre fría en 1986 a Dolores González Katarain, Yoyes, la primera arrepentida de ETA. «Da escalofríos cruzarse con alguien como él en la calle.»
Convivir con los asesinos es sólo una parte del camino que debe recorrer el País Vasco para superar a ETA. Elola lo explica con crudeza: «Durante años compartimos la vida con gente que les pasaba información a los terroristas. El comando después venía, te disparaba y se iba. Pero a los otros te los cruzabas en cada esquina y todavía están por aquí».
Le toca volver al trabajo. Sube a su camioneta y saluda. Confiesa que todavía, de tanto en tanto, siente un escalofrío al darle al arranque.
RADIOGRAFÍA DE UNA REGIÓN CLAVE DE ESPAÑA
POBLACIÓN
2,1
Millones
4,5%
del total español
ECONOMÍA
6%
Del PBI español
PBI per cápita
29.900 Euros (1º en España)
DESEMPLEO
15,2% 2º menor en España
IDIOMAS
62,8%Castellano
37,2%Euskera
ETA
FUNDACIÓN
1958
IDEOLOGÍA
Extrema izquierda, independentista
VÍCTIMAS MORTALES
829 (entre 1968 y 2010)
MILITANTES PRESOS
470
LAS PRINCIPALES TREGUAS
1998
Por primera vez en este año el grupo anuncia una tregua «unilateral e indefinida». El gobierno de Aznar primero se mostró escéptico, pero luego acordó negociar. Duró 14 meses
2006
La banda terrorista anuncia en marzo una «tregua permanente» para impulsar un proceso democrático. Empieza un proceso de negociación con el gobierno de Rodríguez Zapatero que se rompe con el atentado en Barajas
2011
Tras un largo proceso, la banda anuncia el «cese definitivo de su actividad armada.
Fuente: La Nación
Felipe 
