PARÍS.- El gobierno francés decretó ayer una «movilización general» contra el terrorismo, al anunciar la creación de 2680 puestos suplementarios y el desbloqueo de 425 millones de euros en tres años para luchar contra una amenaza que calificó de «permanente».
Dos semanas después de los atentados jihadistas que provocaron 17 muertos en París, el primer ministro, Manuel Valls, presentó un paquete de medidas que tienen por objetivo la lucha contra redes islamistas sospechosas, sobre todo en Internet y en las prisiones.
«En estos tres años, 2680 empleos suplementarios serán dedicados a la lucha contra el terrorismo en los servicios ministeriales y el resto de las jurisdicciones», declaró Valls.
El Ministerio del Interior recibirá 233 millones de euros y la justicia, 181 millones, en tres años. Esas inversiones serán compensadas con ahorros en otros sectores, pues los efectivos globales del Estado permanecerán estables, como lo exigen las restricciones presupuestarias actuales.
Para el gobierno se trata de responder a la amenaza principal, según los servicios especializados: el aumento en Europa y en Francia de personas para vigilar. Además de las 1300 que partieron o aún permanecen en Siria, otras 500 son conocidas por pertenecer a redes terroristas en otras regiones del mundo (Afganistán, Paquistán, Yemen, Túnez, Libia, etc.), y cerca de un millar son activas en la jihadosfera. En total, habría «cerca de 3000» personas que deben ser vigiladas.
Valls confirmó la creación de un fichero de personas ya condenadas por terrorismo similar al que ya existe en el caso de pedófilos. Éstas deberán mantener informadas a las autoridades de sus cambios de domicilio y declarar toda estadía en el extranjero. Se anunció asimismo un refuerzo de controles en las fronteras exteriores al espacio Schengen, zona integrada por numerosos países europeos y que establece la libre circulación de personas y mercancías.
Una de las constantes observadas en la mayoría de los jóvenes que deciden pasar a la acción terrorista es la radicalización que se produce cuando llegan a la prisión por delitos menores y entran en contacto con jihadistas confirmados. Para luchar contra esos fenómenos, se generalizará el agrupamiento de islamistas radicales, con la creación de sectores reservados, que ya tuvo éxito en algunas prisiones francesas. También se incorporarán 60 capellanes musulmanes, que se sumarán a los 182 existentes.
Valls evocó una partida de unos 60 millones de euros para luchar contra esa radicalización. Medidas «excepcionales y no de excepción» -aclaró-, que podrían ser parcialmente incluidas en la ley de inteligencia que será presentada en marzo y votada en junio por el Parlamento.
Según funcionarios gubernamentales, «el objetivo del futuro proyecto de ley es garantizar una base jurídica clara para los servicios, pero también permitir una autorización más rápida de las escuchas y mejor controladas».
En el terreno de la prevención jihadista, Francia creará un sitio web para informar al público sobre los medios de lucha contra la radicalización. El gobierno también reforzará los medios destinados al monitoreo del ciberjihadismo y a las investigaciones sobre delitos cometidos en Internet…
Fuente: La Nación