Unos dos millones de empleados públicos pararon en protesta por reformas jubilatorias. El gobierno calificó la medida como fiasco.
Londres. Unos dos millones de empleados públicos británicos realizaron ayer la mayor huelga en el país en más de 30 años en protesta por una reforma previsional impulsada por el gobierno, una demostración de fuerza que paralizó escuelas, hospitales y otros servicios.
Decenas de miles de huelguistas marcharon por decenas de ciudades de Gran Bretaña en coincidencia con el paro nacional contra la reforma, que obligará al empleado público a pagar más por su jubilación y a trabajar más tiempo antes de retirarse, todo en el marco de un severo plan de ajuste y una fuerte crisis económica.
Los sindicatos dijeron que la huelga fue un éxito y que no les quedaba otra opción porque están “bajo ataque” del gobierno de centroderecha, pero el primer ministro, David Cameron, en un encendido discurso en el Parlamento, condenó la medida de fuerza y aseguró que se trató de un “fiasco”.
Profesores, enfermeros, personal sanitario, trabajadores de aduanas y recolectores de residuos secundaron la protesta.
Según el Ministerio de Educación, millones de chicos se quedaron sin clases por el paro de profesores. Casi tres de cada cuatro escuelas se vieron afectadas, incluida la de los hijos de Cameron.
En los hospitales se reprogramaron operaciones y turnos, y en Londres las ambulancias se limitaron a acudir sólo en caso de riesgo de vida.
Apenas hubo problemas en el transporte aéreo y marítimo.
Acusaciones. En la Cámara de los Comunes, Cameron fustigó a los huelguistas y dijo que no quiere ver iglesias u hospitales cerrados.
El premier conservador afirmó que todas las propuestas de reforma previsional hechas a los trabajadores del sector público fueron “muy razonables y muy justas”, y acusó a los sindicatos de hacer paros en vez de sentarse a negociar.
“La gente vive más tiempo, y por eso es adecuado y justo que contribuyan más”, razonó.
A su vez, el ministro de Finanzas británico, George Osborne, llamó a los sindicatos a volver a la mesa de negociaciones, al considerar que las huelgas no aportan nada porque, simplemente, no hay más dinero para repartir.
Por su parte, la casi treintena de sindicatos que convocaron la huelga, la mayor desde el “Invierno del descontento” de 1978 y 1979, afirmaron que los cambios son injustos, ya que implicarán trabajar durante más tiempo, aportar más al fondo de pensiones y recibir menos de las arcas públicas.
El secretario general de la asociación sindical TUC, Brendan Barber, señaló que los servicios y los trabajadores públicos están “bajo ataque” porque los planes del gobierno son demasiado extremos.
La huelga llegó un día después de que el ministro Osborne admitiera que la crisis económica que afecta a Gran Bretaña es peor de lo que se creía.
Ante el Parlamento, el ministro de Finanzas reconoció que la economía crece mucho más lentamente que lo que se esperaba, que el ajuste deberá prolongarse tres años más de lo previsto y que la pérdida de puestos de trabajo se elevará de 400 mil a 710 mil.
Empatía opositora. El líder del opositor Partido Laborista, Ed Miliband, expresó ayer que sentía una “gran empatía” por las personas cuyas vidas fueron afectadas por la huelga.
Agregó que no va a “condenar al personal de cocina escolar, enfermeras, maestras que decidieron adherir al paro porque sienten que fueron puestos en una posición imposible por un gobierno que se negó a negociar de manera apropiada”.
En Gran Bretaña, desde la eliminación del vínculo entre pensión y sueldo, la pensión estatal es una cantidad mensual fija pequeña –al margen de la remuneración que se recibiera durante la vida laboral– y debe complementarse con planes de pensiones privados.
Theresa Grant, una empleada del sector sanitario de 50 años que participó en la manifestación londinense, criticó ayer que el gobierno quiera arruinar la pensión de los trabajadores públicos cuando “los banqueros y los diputados” siguen cobrando las suyas, además de “primas y dietas”.
Martin Cornish, empleado municipal, condenó que el Ejecutivo diga que “destinará el dinero de las contribuciones a asegurar el sistema de pensiones cuando en realidad lo quiere para reducir un déficit que el ciudadano no causó”.
10 días críticos para la UE
Debate. Ante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 9 de diciembre, la Unión Europea se encuentra en un “periodo crítico” de 10 días en los que debe concluir su respuesta a la crisis de la deuda, y en los que se intensifica el debate sobre un mayor papel del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y posibles cambios en los tratados.
Acciones. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, se reunirán pronto para cerrar la propuesta bilateral que llevarán a la cumbre, mientras el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, intenta definir los próximos pasos de la Eurozona.
Bajo la misma ola
Sin rescates a la vista. El FMI no discutió ningún plan de rescate para Italia o España en el marco de la crisis en la Eurozona, aseguró ayer desde México su directora, Christine Lagarde, quien elogió la decisión de bancos centrales de los países más ricos de intervenir para apuntalar el sistema financiero.
Los más duros. El Parlamento de Portugal aprobó ayer los presupuestos más austeros de la democracia de ese país, que mantienen fuertes recortes de gastos y salarios pese a la oposición de la izquierda y la huelga general de la semana pasada. La mayoría absoluta del gobierno conservador, con 132 de los 230 diputados, aprobó sin problemas un proyecto cuya prioridad oficial es cumplir las exigencias del rescate financiero de 78 mil millones de euros que fue firmado por Lisboa en mayo pasado, cuando todavía gobernaba el Partido Socialista.
En el Este, también. Decenas de miles de manifestantes bloquearon ayer el centro de la capital búlgara en protesta contra los planes del gobierno de elevar la edad de jubilación y despedir a empleados públicos para reducir los gastos. Al menos 30 mil personas, según los sindicatos organizadores, y 20 mil, según la policía, bloquearon el tráfico en Sofía durante varias horas, sin que se produjeran incidentes.
Desalojo de “indignados”. En una demostración de fuerza, 1.400 policías estadounidenses allanaron el campamento de “indignados” de Los Angeles, desalojaron a los activistas y detuvieron a más de 200 de ellos. En Filadelfia ocurría algo similar, con al menos otros 50 arrestos. El jefe de Policía de Los Angeles, Charlie Beck, afirmó que las detenciones fueron en su mayor parte pacíficas, que no hubo heridos y que no se hallaron drogas ni armas en el campamento que estaba ubicado frente al edificio de la municipalidad.
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