Pese a que el oficialismo tendría quórum propio a partir del 10 de diciembre, se archivarían varias inciativas propuestas por el legislador y asesor de la central obrera Héctor Recalde. El líder sindical reclama la suba del mínimo no imponible y el reparto de ganancias empresariales.
El distanciamiento entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, frenaría en el Congreso el debate de los paquetes laborales presentados por el diputado oficialista y asesor de la central obrera, Héctor Recalde.
De acuerdo al matutino Ámbito Financiero, el freno se debería además a la promesa de la Casa Rosada a los empresarios para no analizar esta clase de iniciativas.
Todos los avances en materia de reformas laborales y modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que Hugo Moyano intentó forzar vía leyes, sólo se aprobaron los que tuvieron el guiño de la Casa Rosada. Las otras sólo obtuvieron dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por Recalde, pero no llegaron al recinto.
Hasta el momento, la CGT tenía la expectativa de aprobar este paquete de medidas tras la renovación legislativa que puede devolverle al oficialismo el quórum propio.
Entre estas se archivarían el proyecto que establece el reparto del 10% de las ganancias de las empresas divididos en cinco puntos para los trabajadores y cinco para un fondo de redistribución contra crisis.
Hace seis meses Moyano le puso condiciones al Gobierno para continuar con la alianza política: definir por ley la suba del mínimo no imponible de Ganancias y avalar en el Congreso el tratamiento del proyecto de redistribución de la renta de las empresas, remarcó Ámbito Financiero. Ninguno de esos dos puntos avanzó durante este año y fue específicamente por decisión de la Casa Rosada, ya que hasta la oposición, en algún momento, amenazó con prestarse a discutir ese pedido sindical.
Pero no son los únicos proyectos en espera, agregó el matutino. Por ejemplo, hay otro que propone aplicar un recargo del 100% a las empresas para el caso en que no notifiquen a los trabajadores con 15 días de anticipación la fecha de comienzo de las vacaciones y, por otro lado, el recorte a la posibilidad de otorgar horas extras.
Ese último punto fue objeto de otro proyecto que lo obliga a una doble carga salarial más el goce del franco por parte del trabajador, un incentivo a que toda la actividad comercial o industrial cierre los fines de semana.
Fuente: infobae.com