Todos los viernes, durante dos años, el hombre les exigía entre 10 y 30 pesos. Los amenazaba con incautarles la mercadería, labrarles actas o desalojarlos de la plaza con la policía.
Eran al menos seis “clientes” a los que cada semana, preferentemente los viernes por la tarde, les cobraba entre 10 y 30 pesos como una suerte de garantía de “no molestar”. Exhibía su credencial de inspector municipal, los amenazaba con que si no pagaban les iba a clausurar los puestos y secuestrarles la mercadería y así obtenía esos magros e ilegales tributos con los que financiaba sus fines de semana. Lo hizo durante dos años, hasta que los feriantes de la Plaza Pompeya, ubicada en Avenida Sáenz y Traful, de ese barrio del sur porteño, tomaron coraje y lo denunciaron. Por una vez, las cosas parecen estar en su lugar: el inspector ya no lo es, dejó de cobrar sus “cuotitas” semanales y además, deberá dar explicaciones en un juicio oral al que llegará procesado por el delito de exacciones ilegales.
El nombre del protagonista de esta historia, así como el de dos presuntos cómplices, a quienes la Sala 1ª de la Cámara del Crimen ordenó investigar, permanecerá por ahora en reserva. Sí, en cambio, merece la pena conocer los nombres de los feriantes de Pompeya que se animaron a denunciarlo, primero ante Ezequiel Cortelletti, funcionario del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, y luego ante la jueza María Fontbona de Pombo, quien dispuso el procesamiento ahora confirmado por la Cámara del Crimen, con las firmas de los magistrados Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos.
“En oportunidad de efectuarse un relevamiento de todas las ferias de la Ciudad, en el caso, la ubicada en el Barrio de Nueva Pompeya, tomó contacto con los feriantes quienes lo pusieron en conocimiento de que en dicho lugar concurriría una persona que les cobraría entre 10 y 30 pesos por puesto con la finalidad de no ser ‘levantados’ por personal del gobierno”, sostiene documentación a la que accedió Tiempo Argentino.
La práctica de exacción sistemática la padecieron durante dos años los puesteros Rocío del Pilar Carranza Arteaga, Ernesto Bastidas Villaverde, Pastor Hernández Jiménez, Carlos Suárez Cerna, Kurth Zapata García y Magdalena Eva Duk. Sus relatos fueron medulares para el procesamiento, porque –como reconoció el tribunal– “no se suele contar con documentación respaldatoria que permita discriminar monto y fecha de cada uno de los cobros que habría realizado el acusado”.
El funcionario en cuestión “se presentaba todos los viernes entre las 14 y las 16 horas” y los feriantes se sentían “obligados a pagarle la suma de dinero en cada oportunidad, aclarando que se lo daban a cambio de permitirles trabajar en el lugar”, ya que el inspector “les decía que si no le daban dinero labraría actas, secuestraría la mercadería y mandaría policías para que los echen de la plaza”.
El juzgado dispuso tareas de investigación elementales, como por ejemplo vigilar el lugar un viernes por la tarde. Y así, el 14 de enero pasado, “justamente un día viernes, a las 16:45 horas, tal y como lo expusiera la testigo Carranza con anticipación”, el inspector llegó al lugar para realizar la cobranza ilegal.
La defensa del funcionario intentó una coartada que no dio frutos: adujo que desde mayo de 2010 “carecería de la especial condición de funcionario dedicado al contralor de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad”, con lo cual mal podía exigir dinero para no clausurar los puestos cuando no tenía capacidad para ello.
Los jueces advirtieron que el imputado sabía que ya no podría causar daño a los puesteros, pero estos lo ignoraban. Y por eso, por el apremio de sus precarias situaciones económicas y por el temor a quedarse sin el trabajo que les permitía seguir viviendo, seguían pagando.< Qué dice el Código Penal La palabra exacción significa exigir multas, deudas o impuestos en nombre del Estado. Según el Código Penal, “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. Fuente: El Argentino