Córdoba: relevaron 400 trabajadores y casi 8% eran indocumentados

Se trata de 31 personas de nacionalidad boliviana o peruana. Afip también detectó a 160 empleados irregulares, 99 de los cuales ya fueron blanqueados.
La delegación Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) inspeccionó en lo que va del año a 400 trabajadores, entre los cuales se encontró a 31 extranjeros indocumentados, lo que representa 7,75 por ciento de los relevados.

Los extranjeros, bolivianos y peruanos, trabajaban en casi su totalidad en el sector ladrillero y textil.

Entre los trabajadores argentinos, había 160 que estaban en situación irregular, pero el 60 por ciento –99 empleados– ya normalizaron su situación y el resto está en proceso de hacerlo.

Los datos fueron proporcionados por el director de la delegación Córdoba de la Afip, Santiago Cataldo, quien dijo que además de su tarea habitual, en 2011 el organismo se planteó como objetivo central defender “el trabajo decente como política de Estado”.

El funcionario mantuvo ayer una charla con medios locales, en la que junto a colaboradores explicó el nuevo enfoque de la Afip orientado también a las condiciones laborales.

La reunión se inició con un video en la que se mostró un procedimiento realizado contra la semillera multinacional Pioneer, en el interior provincial, donde se verificó condiciones laborales de extrema precariedad.

Cataldo advirtió que a partir del accionar de “combatir el trabajo inapropiado”, en el sector agrario “hay un avance importante” en la mejora de las condiciones de trabajo, ya que hay una normativa específica”. Y ejemplificó con fotos como la misma semillera mejoró sus condiciones laborales.

Destacó que en lo que va del año se realizaron 270 procedimientos en todo el país, de los cuáles el 70 por ciento corresponden al sector agrario. Los operativos involucraron a 4.000 trabajadores y casi la mitad estaban en situación irregular.

Cataldo destacó que ahora la Afip trabaja conjuntamente con el área de Trabajo y Migraciones y denuncia las condiciones de precariedad y de trata de personas ante los jueces federales. “No hacemos la vista gorda”, remarcó.