Se realiza un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y la Federal. Primero habrá una negociación, para intentar que las 180 personas que toman el lugar accedan a dejar el lugar. De no conseguirlo, se procederá al desalojo.
La Policía Metropolitana y la Policía Federal llegaron hoy temprano al complejo de viviendas de Lafuente y Castañares, en el Bajo Flores, para proceder a su desalojo, tal como dispuso la Juticia. El predio está tomado desde el 6 de marzo. El operativo llega luego de que la Corte Suprema intimara a los Gobiernos de la Nación y la Ciudad a que cumplieran la orden que había dado el juez federal Luis Armella para liberar las viviendas.
El operativo comenzó con las primeras luces. Según lo que estaba previsto, en primer lugar, negociadores de ambos estados ingresarán al complejo a conversar con las cerca de 180 personas que ocupan los edificios (la cifra es la que estiman en la Ciudad, ya que nunca de pudo hacer un censo). La gente sería transportada a centros de atención transitoria del Gobierno porteño, donde pueden recibir comida y asistencia técnica, y se verá si ya reciben algún subsidio o plan de ayuda estatal. Los ocupantes no recibirán dinero para irse.
De fracasar la negociación, la Metropolitana ingresará a desalojar. Según confirmaron ayer en la fuerza, participan «unos 300 efectivos».
Ninguno lleva armas de fuego, por orden de la Justicia. En tanto, la Federal formará un cerco perimetral.
El complejo fue construido por la Corporación Buenos Aires Sur, del Gobierno porteño, para entregárselo a los habitantes de los asentamientos El Pueblito y Luján, dos barrios de emergencia que están a la vera del Riachuelo. Su relocalización es necesaria para que pueda continuar la construcción del camino ribereño, una de las obras incluidas en el plan para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, iniciativa que se lleva adelante por orden de la Corte Suprema.
El juez Armella, quien está a cargo de la ejecución del fallo de la Corte, ordenó tres veces el desalojo. Pero la Nación decía que era responsabilidad de la Ciudad, mientras que éste afirmaba que la Metropolitana no tiene capacidad operativa suficiente para actuar sin apoyo de la Federal.
Tras varias postergaciones, la Corte intimó el martes 17 a ambos gobiernos a que elaboraran un plan en conjunto para liberar las viviendas, y tras ello inmediatamente entregarlas a sus nuevos ocupantes.
Fuente: clarin.com