Contra todo pronóstico, el oficialismo logró ayer emitir un dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y Finanzas de la Cámara de Diputados para sancionar la ley que penaliza el lavado de dinero, tal como lo exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El tema será tratado en la próxima sesión de Diputados, luego de los feriados de Semana Santa.
Pese a no contar con mayoría en ninguna de las dos comisiones y de que la oposición fue con un proyecto unificado, el kirchnerismo se impuso en la votación general por 22 a 17. En la comisión de Finanzas, que preside Alfonso Prat Gay (CC), el dictamen de mayoría fue firmado por once diputados oficialistas contra nueve opositores que suscribieron un dictamen alternativo. En tanto, en la comisión de Legislación Penal, que conduce Juan Carlos Vega (CC), el dictamen del Frente para la Victoria se impuso por once contra ocho.
Los dos proyectos de ley coinciden en sancionar el lavado de activos de forma integral e incluir la tipificación del delito en el Código Penal. Pero la oposición sostiene un sistema para elegir al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante un jurado y limitar el poder del organismo para ser querellante en los juicios por lavado.
El dictamen del oficialismo se funda en el proyecto que envió el año pasado el Ejecutivo al Congreso. Propone tipificar como delito autónomo el lavado de activos y elimina la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del llamado autolavado.
Además, el proyecto faculta a la AFIP a revelar el secreto fiscal en casos estrictamente enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246. En los casos restantes, deberá recurrir la justicia federal para requerir el levantamiento del secreto fiscal. En esa iniciativa, se faculta a la UIF, que dirige José Sbattella, a constituirse en querellante.
Está en juego el interés del país y del gobierno argentino y hace a los compromisos de Argentina con los organismos internacionales, dijo el diputado kirchnerista Oscar Albrieu. Además, indicó que la iniciativa amplía el abanico de personas obligadas a informar a la UIF, que también tendrá facultades en cuestiones como extorsión, trata de personas y delitos financieros.
El dictamen de minoría incluye, entre otras cosas, a sujetos antes no alcanzados por la norma, como los partidos políticos, los abogados, las mutuales y las cooperativas. Fue acordado sobre la hora por los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Prat Gay, Federico Pinedo (Pro) y Gustavo Ferrari (PJ Federal). El proyecto conjunto busca que el organismo de control sea profesional, no politizado y que su objetivo no sea perseguir pequeños lavados sino aquellos que involucren grandes sumas.
La votación llegará a la Cámara Baja a fin de mes, en tiempo límite, y luego debe pasar al Senado. El GAFI exige a la Argentina llegar a la próxima reunión del organismo internacional, en mayo, con la ley en la mano. De lo contrario, la Argentina puede ser sancionada con la exclusión de la lista de países que cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Por eso, la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández convocó a la plana mayor de su Gabinete y a los jefes de los bloques kirchneristas en el Congreso para impulsar el tratamiento de la norma.
En Diputados, ningún bloque tiene asegurada una mayoría que permita vaticinar cuál de los dos dictámenes será el que obtenga la media sanción.
Fuente: elcronista