Según un trabajo de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con sede en Córdoba, sólo la soja tributará el 9% de la recaudación total del Estado. Así, vía retenciones e impuestos a las ganancias, bienes personales y débitos y créditos bancarios, la oleaginosa acercará a las arcas fiscales US$ 11.410,46 millones. «De cada 12 pesos que ingresan en el Estado, uno corresponde al cultivo de soja», advierten.
En medio de los operativos de la AFIP en plena cosecha de soja, un dato parece reflejar bien el por qué del interés del Gobierno de estar encima de los productores en medio del lote. Según un trabajo de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con sede en Córdoba, sólo la soja tributará el 9% de la recaudación total del Estado. Así, vía retenciones e impuestos a las ganancias, bienes personales y débitos y créditos bancarios, la oleaginosa acercará a las arcas fiscales US$ 11.410,46 millones o su equivalente en pesos de poco más de 46.000 millones. Para Cartez, en toda la economía la recaudación impositiva sumará US$ 128.079 millones o $ 520.000 millones en 2011.
«Ese 9 por ciento demuestra que la soja [para el Gobierno] es una caja importantísima», explicó Néstor Roulet, presidente de Cartez. «Y los números demuestran claramente lo erróneo del concepto anunciado por la presidenta Cristina Kirchner en el acto inaugural del período legislativo al afirmar que el campo sólo aporta el 2,8 % de la recaudación total cuando sólo uno de sus cultivos aporta el 9 por ciento», agregó.
«De cada 12 pesos que ingresan en el Estado, uno corresponde al cultivo de soja», calculó Cartez.
Para el dirigente, además, estos números también reflejan otro costado: el Gobierno tiene esa masa de dinero cautiva, sin chances de que haya una evasión en tributos, como retenciones, bienes personales, débitos y créditos bancarios y, en gran parte, Ganancias.
«Este trabajo demuestra que hay una animosidad de la AFIP con el campo, porque más del 80 por ciento de los impuestos son cautivos [retenciones, bienes personales y débitos y créditos significan en el cultivo US$ 9057 millones] y no se pueden evadir. Sólo se podría llegar a evadir una parte de Ganancias [el tributo representa US$ 2.353.395.000 respecto de la recaudación total], pero cuando se hace la venta [del grano] igual se retiene un porcentaje. Sólo se podría evadir un 5 por ciento de la cosecha total», indicó Roulet.
Según el dirigente, la AFIP hace los operativos «de mala leche, no por evasión». Para Roulet, si hay evasión el organismo debería investigar los mecanismos que hacen posible esa situación. «Los que evaden no son del campo, son grupos que arman carpetas para eso», indicó el ruralista.
Coincidencias
En tanto, de acuerdo con el trabajo de Cartez, por hectárea, entre Ganancias, bienes personales y débitos y créditos bancarios, el productor tiene un costo impositivo de US$ 187,18 por hectárea. Por el contrario, según el informe, lo que le queda al productor como ingreso de la producción tras tributar todo es menos: US$ 172,40 por hectárea.
En este contexto, Guillermo Villagra, consultor de Openagro, dijo que «es un mito que el campo evada». Explicó que «del 35 por ciento de retenciones no zafa nadie, bienes personales se paga sobre los inmuebles y no se puede evadir y para pagar al contratista se usa un cheque».
Villagra agregó otro ejemplo más de la carga tributaria sobre la producción. «Cuando compra insumos el productor lo hace con un IVA del 21 por ciento, pero al vender el grano lo hace con 10,5 por ciento. Si está incluido en el Registro Fiscal de Operadores de Granos se le retiene el 2,5 por ciento del IVA y el 2 por ciento de Ganancias. Pero si no está inscripto en el registro, se retienen la totalidad del IVA (10,5 por ciento) y también el 15 % de ganancias, exista o no la misma», afirmó.
Precisamente, en la carta que la AFIP envió a decenas de productores de la mayoría de las zonas productivas para exigirles la fecha y la hora del comienzo de la cosecha de soja se los intimaba a informar este y otros requerimientos bajo la amenaza de excluirlos del registro de operadores.
Fuente: La Nación