La toma de casas sociales arrancó el sábado de la semana pasada. Un juez ordenó el desalojo, pero la medida no fue cumplida y habría multas. La Ciudad insiste con responsabilizar a la Nación por no actuar.
A más de una semana de la ocupación de viviendas sociales en el barrio de Flores, el plan de desalojo sigue sin concretarse, a pesar de existir una orden judicial. Por su parte, el Gobierno porteño volvió a responsabilizar a la administración nacional por no cumplir con la medida judicial, donde varios jóvenes cumplen el noveno día de ocupación.
El predio es custodiado a la distancia por efectivos de la Policía Metropolitana y de la Federal, aunque no hubo disposición para abrir un diálogo o desalojar a los intrusos a la espera de que hoy el juez de Quilmes Luis Armella pueda requerir nuevas medidas o multas a las autoridades por el incumplimiento de la orden que dio la semana pasada para liberar las viviendas.
En ese marco, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que era “el Gobierno (nacional) el que no cumple” la orden judicial. La situación, indicó, “va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal” y recordó que algo similar ocurrió con el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, que fue ocupado y pese a la resistencia del Gobierno nacional “tuvieron que desalojar”.
“La pulseada se da entre el Gobierno y un juez federal, cuya orden no es cumplida”, sostuvo Larreta y recordó que desde el sábado (cuando se produjo la toma) y el lunes en que el juez ordenó el desalojo “la Policía Metropolitana acató la orden y estaba ahí para acompañar” la disposición.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, remarcó en los últimos días que al no acatar la orden de desalojo, la Presidencia de Cristina Fernández decidió “renunciar a la obligación que tiene para hacer cumplir la ley”.
El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, volvió a pedir la intervención de la Policía Federal para concretar el desalojo al señalar que la Ciudad no cuenta con “grupos especiales” para el operativo.
El juez federal de Quilmes debió ratificar el viernes por la noche la orden de desalojo de las familias que ocupan el complejo habitacional construido para trasladar a pobladores de asentamientos situados a orillas del Riachuelo. El magistrado mantuvo en un nuevo fallo las multas aplicadas a la secretaría de Seguridad de la Nación, por incumplir las medidas.
Fuente: La Razón