Son cuatro los acusados que recibieron las penas; se ordenó decomisar un campo de 18 hectáreas en Entre Ríos.
A medida que el presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 2, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, leía el veredicto los acusados podían imaginar el desenlace. Cuando el magistrado anunció que no se hacía lugar a los planteos de nulidad, tuvieron la certeza de que su futuro estaba detrás de las rejas.
El TOPE N° 2 condenó ayer a los cuatro acusados que llegaron a juicio después de que la Prefectura Naval secuestrara en 2013 un cargamento de 114 kilos de cocaína en una terminal del puerto de Buenos Aires. La droga estaba en seis bolsos hallados en un contenedor a bordo de un buque de bandera liberiana, próximo a zarpar.
Gutiérrez de la Cárcova y sus colegas Luis Losada y César Osiris Lemos condenaron a 12 años de prisión a Gerardo Ruidíaz, de 56 años, al ser encontrado culpable de los delitos de lavado de activos en concurso con contrabando de estupefacientes agravado.
Ariel Lértora, de 43 años y Florencio Bogarín, de 31, recibieron condenadas de nueve y siete años y medio de prisión, respectivamente, por contrabando de estupefacientes agravado. Fabio Montañana, un profesor de piano de 42 años, recibió una pena de dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de lavado de activos.
La investigación que ayer tuvo un paso importante con el veredicto del juicio no sólo dejó al descubierto los 114 kilos de cocaína secuestrados por la Prefectura Naval hace dos años. Detrás hay una historia de un campo de 18 hectáreas en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos; un ciudadano colombiano con un pesado pasado de asesinatos y narcotráfico acribillado en Barrio Norte; tres prófugos y un presunto sicario argentino que está siendo juzgado por un tribunal porteño.
«Creo que los planteos de nulidad fueron los suficientemente sólidos. Mis clientes son ajenos a todo. Vemos que últimamente los tribunales suscriben a las acusaciones que hace la fiscalía. Y como dijo un juez de Entre Ríos, con los colombianos no se metieron», sostuvo a LA NACION el abogado Miguel Ángel Pierri, que en el juicio representó a Lértora y Bogarín.
Pierri hizo referencia a los colombianos porque dos de los tres prófugos que tiene la causa son de esa nacionalidad. Además, Jairo Saldarriaga Perdomo, alias «Mojarra» o «Guajiro», que había sido jefe de sicarios de un poderoso cartel colombiano, fue asesinado en abril de 2012 en Barrio Norte.
Según consta en la elevación a juicio del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff , Saldarriaga Perdomo, con la falsa identidad de Carlos Brausin García, adquirió un campo de 18 hectáreas en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
En el veredicto de ayer, como había solicitado el fiscal del juicio, Marcelo Agüero Vera, el TOPE N°2 ordenó decomisar el campo que supuestamente adquirió en su momento el sicario colombiano.
«A Saldarriaga Perdomo se lo habría observado en la zona del puerto local [Concepción del Uruguay]. También se tenían noticias acerca de que esa persona estaría organizando una banda delictiva con el fin de transportar estupefacientes a Europa», sostuvieron los detectives de la Prefectura Naval según el dictamen del fiscal Guerberoff.
Por el homicidio de «Guarijo», desde el 1° de junio pasado se desarrolla un juicio contra el presunto sicario, un joven de nacionalidad argentina. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 1, integrado por los jueces Martín Vázquez Acuña, Luis Salas y Alberto Huarte Petite y la representante del Ministerio Público es la fiscal Mónica Cuñarro.
Lértora, Bogarín y Ruidíaz hicieron uso del derecho a decir las últimas palabras antes del veredicto. Los tres sostuvieron ser inocentes. Los dos primeros afirmaron no conocer a ningún ciudadano colombiano. En cambio, Montañana, que llegó al juicio en libertad no habló.
Antes de conocer la veredicto condenatorio, Ruidíaz se paró para hablar con una familiar. La abrazó y le dijo: «Que sea lo que tenga que hacer, pero sin lágrimas». Recibió, al igual que Bogarín, la misma condena que había solicitado el fiscal Agüero Vera en sus alegatos.
Durante el juicio, declaró un suboficial de inteligencia de la Prefectura Naval que recordó que en las escuchas telefónicas la banda supuestos integrantes de la banda decían: «La abuela ya salió», los investigadores creen que era una conversación en clave para comunicar que un cargamento de droga ya estaba en viaje rumbo a su destino final..
Fuente: La Nacion