BONADÍO, DE CORRUPTO A MARTIR GRACIAS A LOS K
Claudio Bonadío es uno de los tantos “jueces de la servilleta de Corach”. Ha sido funcional al menemismo tanto como al kirchnerismo, tal cual han reflejado este y otros medios de comunicación. Por ello, desde el gobierno se lo ha protegido todas y cada una de las veces que sufrió embestidas por parte de la oposición o fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, luego de la embestida que le endilgaron los funcionarios del gobierno —a pedido de Cristina Kirchner—, Bonadío se transformó en un héroe popular, a punto tal que se ha generado toda una movida en las redes sociales para bancar su trabajo (ver al pie).
Mientras tanto, el gobierno decidió denunciarlo a través del “siempre listo” senador Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, quien hizo hoy una presentación en los Tribunales de Comodoro por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia está originada en las diversas informaciones periodísticas publicadas en el día de ayer, mediante las que se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria (20%) en la firma «MANSUE S.A.», dedicada a la venta de combustible.
Según trascendió, el accionista mayoritario de esa empresa es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40% de la empresa. Completan la composición accionaria Fernando y Alejandro Climent con un 20 % cada uno.
En la denuncia se especifica que Bonadio «no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la justicia nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal».
Asimismo, en la presentación se destaca que «de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado».
La denuncia es una respuesta obvia al avance del magistrado en varias causas que involucran a funcionarios nacionales, entre ellas la de la firma Hotesur, que administra los hoteles de la presidente Cristina de Kirchner, por la cual ordenó allanamientos la semana pasada.
Son cosas que solo el kirchnerismo sabe provocar: hacer que un juez repudiado por la sociedad, se convierta en el héroe del pueblo repentinamente.
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