Río de Janeiro y el Brasil es una vez más noticia mundial por su tragedia. Esta vez no obedece a la violencia entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad, tal como sucedió a fines del año pasado, sino que obedece a la peor catástrofe natural de la historia brasileña, a juzgar por el número de víctimas.
Las muertes por lluvias y deslizamientos no son novedad en el Estado de Río: el 2010 se inauguró con 53 muertes en Angra dos Reis y las lluvias ininterrumpidas del mes de abril cobraron 304 víctimas.
Las víctimas de la presente tragedia, ubicadas en la región serrana de Río, ya superan los 500 -más que las 473 muertes que se registraron en todo el Brasil el año pasado por cuestiones climáticas- y la previsión de lluvias para los próximos días sólo contribuye a empeorar los ánimos de la población fluminense.
Tal es el panorama sombrío que se sitúa frente a la flamante presidente de Brasil, Dilma Rousseff, que lleva menos de un mes en el cargo.
El panorama político local, signado por las negociaciones salariales y las pujas por la distribución de cargos a los partidos que componen la base aliada ha debido postergarse, y todas las energías del Planalto obligaron al Ejecutivo a concentrar sus esfuerzos sobre la realidad actual del Estado de Río de Janeiro y San Pablo -que en menor dimensión, también sufrió sus víctimas- especialmente, en un plan de prevención efectivo y la implementación de un sistema de coordinación del gobierno nacional, estadual y municipal, uno de los puntos más discutidos a raíz de los incidentes.
La reacción de Rousseff ha sido rápida. En menos de 48 horas de la catástrofe, la Presidenta sobrevoló las zonas afectadas y visitó Friburgo, una de las localidades que registró el mayor número de víctimas junto a sus ministros Nelson Jobim (Defensa), Alexandre Padilha (Salud) y José Eduardo Cardozo (Justicia).
«Las viviendas en área de riesgo en Brasil es la regla, no la excepción». Con ésta declaración, Rousseff reconoció la existencia de un problema -una obviedad que con frecuencia no es percibida como tal en la esfera política- que se aplica para todo el país, incluso a costo de implicar una autocrítica al gobierno nacional por la inexistencia o falla de una política pública eficaz sobre este problema, que alcanza también a la gestión de su predecesor en el cargo, Lula da Silva, gobierno de la que ella fue parte.
Fue un gesto maduro por parte del gobierno nacional evitar eludir su responsabilidad y no cargar la totalidad de las culpas sobre el gobierno estadual y municipal. «En mi gobierno no creeré, y continuaré sin creer que es un problema del estado o del municipio; es un problema del gobierno federal de hacer una política de saneamiento y vivienda, es un problema del gobierno estadual de hacer la misma política y de sumar esfuerzos con nosotros, y es un problema del municipio de ordenar debidamente la ocupación del suelo urbano», manifestó ayer la Presidenta.
El reconocimiento del problema y la existencia de una marcada responsabilidad del Ejecutivo ante las recurrentes catástrofes naturales en Brasil sin dudas constituyen una madura reacción del flamante gobierno de Dilma Rousseff. Ahora restará evaluar su efectiva implementación a lo largo de los próximos cuatro años de gobierno, tiempo más que suficiente para una sólida política pública que pueda prever y minimizar los efectos de las catástrofes naturales.
Fuente: lanacion.com