Una fiscal los acusa de fraguar documentos para quedarse con propiedades ajenas.
El ex juez federal Ricardo Omar Ferrer (62) –nieto del histórico jefe de la UCR, Ricardo Balbín– quedó a un paso del juicio oral por estafas en una causa judicial que investiga fraudes en la venta de costosas propiedades de personas fallecidas. La maniobra se habría realizado con poderes adulterados y también compromete a un ex diputado nacional y a una escribana.
Según la fiscal Victoria Huergo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones Complejas (UFIC), Ferrer sería responsable –con otros procesados– de “falsificación de instrumento público y robo”.
Huergo acaba de solicitar la elevación de la causa a juicio oral. En el expediente están involucrados Ferrer, María Luján Ferrer (33) –hija del ex magistrado–; el ex diputado por la UCR Jorge Orozco; su hija Sabrina; Manuel Navarro (89) y la escribana Nora Pérez (54).
La única imputada que resultó sobreseída, con confirmación de la Cámara Penal, fue la escribana Nélida Aramburú de Tenti (55). En el caso fueron procesados, además, el contador Francisco Renga (56) y Yael Renga Nachif (31), una hija del profesional.
Ricardo Ferrer fue nombrado juez federal el 4 de octubre de 1984, con acuerdo del Senado de la Nación y a propuesta del presidente Raúl Alfonsín. Tuvo que dejar el cargo en 2000, tras una denuncia que lo involucraba con cámaras ocultas (ver Una renuncia…).
La fiscalía acusa al ex magistrado de fraguar documentación de inmuebles que pertenecían a personas fallecidas o sin movimiento registral, los que, según la acusación, escrituraba luego a nombre de familiares o allegados directos.
¿Cuál es la calificación del delito? De acuerdo con la valoración de las pruebas, la fiscalía considera que hubo “falsificación material de instrumento público, estafas, falsificación ideológica de instrumento público reiterada y robo” .
El primer paso, en línea con la parte acusatoria, consistía en la elección de un inmueble con propietario fallecido. Se falsificaba un poder a su nombre para concretar la venta y luego se procuraba un comprador de buena fe. Ese era el engaño en apariencia legal. Incluía un título cuyas matrículas habían sido adulteradas por un empleado del Registro de la Propiedad.
En el expediente que observa la conducta de Ferrer, se detectaron –siempre según la fiscalía– cuatro casos similares, dos registrados en el barrio platense de Tolosa, uno en Mar del Plata y otro en Capital.
Las pericias habrían constatado la adulteración de firmas de una mujer que tenía una enfermedad terminal y, en otro caso, de una persona muerta que no tenía familiares directos.
El paso ulterior era la búsqueda de un inversionista para concretar la venta. Uno de ellos, comprador “de buena fe”, resultó el ex decano de la facultad de Derecho de La Plata, Miguel Ángel Marafuschi Phillips, quien realizó la denuncia. De allí surgió la evidencia de que Ferrer, Renga y Orozco colocaban las propiedades adulteradas a nombre de sus hijas.
El caso más gravoso, que la fiscalía deberá demostrar en el juicio oral y público, ocurrió en 2005, cuando Ferrer actuaba como abogado. Dice la acusación: “Sabiendo del estado terminal de la amiga de su madre, Isabel Apolonia Benages, que carecía de familiares directos, falsificó un poder (con escrituras de venta en favor de su hija y la de Renga). Después cumplió el resto de las etapas de adulteración de dominio hasta apoderarse, a precio irrisorio, del patrimonio inmobiliario de la mujer, para entonces ya fallecida ”.
Existiría constancia, también, de que en 2005 hubo alteración en la titularidad registral de dos lotes de terrenos ubicados en 531 Nº 1750 entre 12 y 13 de Tolosa, propiedad de los herederos de José Rito Vallone y Filomena Alceste Masi. Para ello fraguaron una venta de los propietarios, fallecidos 30 años antes.
Completada esta maniobra, comercializaron los dos predios a un tercero de buena fe. Falló el cálculo: la venta ilegal fue a Marafuschi Phillips, un profesor que se había pasado media vida enseñando derecho.
Fuente: Clarín