Un cable divulgado por el diario El País reportó que el gobierno pidió ayuda a los Estados Unidos para controlar las comunicaciones. Las autoridades paraguayas, incluyendo al presidente del país, Fernando Lugo, justificaron que necesitaban controlar las llamadas entre celulares, con motivo de la persecución a un supuesto grupo guerrillero que había secuestrado a dos hacendados entre 2008 y 2010.
Se trata del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se adjudicó las detenciones de los ganaderos Luis Lindstrom y Fidel Zavala, además de la muerte de unas seis personas desde que comenzó a operar dos años atrás.
Sin embargo, según un cable enviado a la embajada de Washington en febrero de este año, los Estados Unidos se negaron a proporcionar dicha ayuda para evitar que el gobierno local utilizase las intercepciones contra sus opositores.
Tampoco se habría conseguido el consentimiento del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Según el informe de WikiLeaks, que divulgó más de 250.000 cables de la diplomacia norteamericana a fines de noviembre, el gobierno paraguayo pretendía acceder a los programas informáticos que emplea la DEA, la agencia oficial antidrogas del país del norte.
Los documentos relatan que el ministro del Interior paraguayo, Rafael Filizzola, habría señalado textualmente a la representante diplomática Liliana Ayalde que: «La lucha contra la droga es importante, pero no hará caer a nuestro Gobierno. El EPP podría hacerlo».
No obstante el informe luego detalla que los Estados Unidos asistieron de todas formas al gobierno, interceptando 12 líneas telefónicas. Las mismas fueron designadas para investigar el paradero del hacendado Zavala, secuestrado en octubre de 2009 y liberado tras el pago de un rescate en enero de 2010.
John Zaginailoff, jefe de la división tecnológica de la DEA, habría consentido la ayuda y pidió al gobierno interceder para que dos compañías de celulares cooperen.
El ministro del Interior paraguayo respondió diciendo -según el cable- que ya se había preparado un decreto «para obligar» a las empresas Tigo y Personal a prestarse al espionaje.
Fuente: AFP