Finalmente, Ciudad y Nación habrían pactado que la escultura no sea llevada a Mar del Plata, sino a otro espacio verde porteño. Igual, todavía no hubo un entendimiento con las asociaciones italianas que se oponen.
“Todos ganan”. El Gobierno nacional finalmente sacará el monumento a Colón de las inmediaciones de la Casa Rosada y las autoridades porteñas consiguieron que la obra se quede en la Ciudad y no sea llevada a Mar del Plata.
Según trascendió, se trata de un acuerdo al que habrían llegado ambos Gobiernos, tras meses de peleas, marchas de agrupaciones italianas y hasta una causa judicial que aún se mantiene abierta.
La estatua, que está desmantelada y recostada en el piso a la espera del traslado final, podría ser emplazada en algunas de las plazoletas de Costanera Sur, aunque será clave la opinión de las asociaciones de italianos que también se ven involucradas y se interesan en el tema. Es que el monumento a Colón fue donado por esa comunidad e inaugurado en 1921 en conmemoración del Centenario de la Revolución de Mayo. En ese marco, la ONG Basta de Demoler, que vela por la conservación del patrimonio arquitectónico, presentó un amparo ante la Justicia que aún no tiene una sentencia definitiva. Eso definirá quién tiene potestad sobre el monumento, si Nación o la Ciudad.
Todas las agrupaciones se oponen a que la escultura sea llevada a Mar del Plata, tal como había decidido la presidenta Cristina Fernández, aunque algunas también están en contra de que sea removida de la plaza Colón, detrás de la Rosada. ¿Por qué se decidió la remoción? Se sabe que la figura del navegante genovés genera fuertes debates, incluso grandes discusiones entre los historiadores, sobre todo por el posterior sojuzgamiento de los pueblos aborígenes de América.
“Queremos sacar a Cristóbal Colón para instalar al lado de la Casa Rosada, representación de toda la historia de los argentinos, de toda la sangre derramada, a Juana Azurduy, esa heroína de la Independencia”, había reconocido Cristina Fernández. La estatua de Azurduy fue donada por el Gobierno boliviano de Evo Morales.
Fuente: La Razón