La Cámara Federal ratificó esa medida contra el ex secretario de Comercio. La pena va de 1 mes a 2 años de prisión.
Justo el día en que se despedía de la Secretaría de Comercio, el polémico Guillermo Moreno, flamante agregado económico de la Embajada argentina en Italia, sufrió ayer un duro revés judicial y en el tema que caracterizó su gestión: los índices de inflación.
La sala II de la Cámara Federal penal porteña confirmó el procesamiento que le había dictado el juez Claudio Bonadio por “abuso de autoridad” por multar indebidamente a la consultora Finsoport, del economista Jorge Todesca, justamente por la difusión de las variables de inflación reales.
Pero al final de su fallo de más de veinte páginas, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani -el tercer miembro del tribunal, Eduardo Farah, no firmó por hallarse de licencia- escribieron que “están dadas las condiciones para que la situación de Mario Guillermo Moreno avance decididamente hacia la etapa de debate ”, es decir a un juicio oral y público.
En ese párrafo se menciona también a los otros dos acusados procesados junto con Moreno, el hasta hoy director de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella, y el hasta hoy director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro. Ayer asumió en reemplazo de Moreno Augusto Costa, ligado al ministro de Economía, Axel Kicillof (ver aparte).
Tanto Moreno como los otros dos procesados tienen aún la chance de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal que hoy renovará autoridades y donde el kirchnerismo pretende ocupar cuatro vacantes con un listado de conjueces que envió al Senado en los últimos días.
“Nada autoriza a que agentes públicos se hayan arrogado una competencia que la ley no les asignaba, para formar irregularmente un sumario; instruirlo contra una empresa de particulares desestimando arbitrariamente sus argumentos de defensa; intimarla invocando normas no aplicables a su situación, sin explicar causa y motivo; sancionarla ilegítimamente al pago de elevadas sumas dinerarias; y luego demorar el trámite pertinente cuando la damnificada reclamaba una revisión judicial”, dijeron los jueces Irurzun y Cattani en su resolución.
“Tal maniobra, de cuya ejecución formaron parte activa Moreno, Carro y Rotella, encuadra en el delito de abuso de autoridad y, como se vio, ha quedado corroborada de acuerdo al estándar probatorio exigido” por la ley, añadieron los camaristas.
El abuso de autoridad es castigado con una pena de prisión que va de un mes a dos años (excarcelable) y una inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer un cargo público. Esta última se aplicará una vez que haya un juicio y una eventual condena quede firme, pasos para los que todavía falta bastante tiempo.
Todesca había argumentado que Moreno quiso cercenar su derecho a la libertad de expresión y que utilizó un procedimiento equivocado simplemente como represalia por haber dado información a medios de prensa sobre sus mediciones sobre la inflación. El tribunal le dio la razón.
Tras un veloz trámite administrativo, la consultora Finsoport había sido sancionada a principios de 2011 con una multa de medio millón de pesos por presunta infracción a la ley de Lealtad Comercial. Pero la multa fue anulada luego por la Justicia, junto con otras sanciones a otras consultoras
Fuente: Clarín