La normativa prohíbe a los extranjeros comprar más de 1000 hectáreas en cualquier parte del país. Pero los especialistas aseguran que hay muchas zonas del interior que necesitan el ingreso de capitales del exterior. En el sector inmobiliario ya hablan de “cepo a las tierras”. La venta de campos sigue en caída libre.
En 2011 cuando comenzó a debatirse la Ley de Tierras en el Congreso -aprobada por amplia mayoría- algunos sectores técnicos aseguraban que no era necesaria una normativa tendiente a restringir la adquisición de campos por parte de extranjeros.
El pasado 23 de julio en la presentación del informe oficial, la presidenta Cristina Kirchner, y el secretario de Justicia Julián Álvarez, confirmaron que apenas un 5,93% de las tierras pertenecen actualmente a ciudadanos del exterior.
Es decir, la propia investigación del Gobierno nacional dio a entender que en realidad no era necesaria la sanción de una Ley de Extranjerización de Tierras dado que la normativa permite hasta un 15% de los campos en posesión extranjera.
Pero más allá de este dato, lo cierto es que en los últimos dos años la iniciativa -presentada por el kirchnerismo como un logro de gestión- comenzó a traer una serie de efectos colaterales negativos para la economía argentina.
El primer aspecto está relacionado al artículo 10 de la Ley en donde se menciona que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1000 hectáreas, según lo determine el Consejo Interministerial dependiente del Ministerio de Justicia.
“Hoy persiste en el mercado inmobiliario rural, un nuevo cepo, el cepo a las tierras e impiden que ingresen más de u$s 10.000 millones”, dijo a La Política Online Roberto Frenkel Santillán, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).
“Lo más grave es el perjuicio producido hacia las provincias extra-pampeanas ya que son las más necesitadas de inversión extranjera”, señaló Frenkel Santillán, y agregó que “en los campos de la zona núcleo no hay mayores problemas porque pueden esperar”.
En otras palabras, el planteo de CAIR es simple: si en la Argentina hubiera libre acceso a la tierra para cualquier ciudadano del mundo, muchos capitales extranjeros vendrían a invertir al país en zonas que todavía no están suficientemente desarrolladas.
“La realidad es que los argentinos no tenemos suficientes capitales como para poder poner en marcha todo el aparato productivo; por eso creemos que es muy necesaria la inversión extranjera que no sea extractiva”, explicó el titular de la entidad.
“Hay zonas del interior del país que debemos promocionar otorgándoles un estatus especial para que se puedan desarrollarse e integrarse a la Argentina digna, con acceso al agua potable, infraestructura y servicios para su población”, apuntó.
Derrumbe de ventas
En este escenario, lo cierto es que el mercado inmobiliario de campos continúa prácticamente paralizado, no solamente por la Ley de Tierras que impide el ingreso de nuevos jugadores extranjeros, sino también por el cepo al dólar.
“El mercado se estancó por los controles cambiarios y la Ley de Tierras”, dijo Mariano Maurette, especialista de Álzaga Unzué & Cía. “El dato es muy preocupante porque la baja se dio en un contexto de suba en los costos de producción”, añadió.
Así, a diferencia de lo que ocurrió en la Argentina a partir de 2011/2012, en países vecinos las cotizaciones de los campos continuaron sin pausa el camino alcista iniciado a principios de la década pasada de la mano del boom de la soja.
En Uruguay, por ejemplo, algunos campos en las zonas de Paysandú, Río Negro y Soriano se vendieron éste año a valores de entre 7000 y 11.000 dólares por hectárea (se informó también de un caso puntual a 15.000 dólares).
En tanto, en Bolivia la hectárea cotiza actualmente a unos 6000 dólares, mientras que en Paraguay (en las zonas de Alto Paraná, Caaguazú e Itapuá) los campos con buena aptitud agrícola se venden a un precio de entre 6500 y 10.000 dólares por hectárea.
lapoliticaonline.com