El asesinato de un adolescente en la villa La Cárcova levantó una nueva polémica en el distrito. Es que mientras desde el kirchnerismo extendieron las culpas al intendente Gabriel Katopodis por la guerra de narcos, desde el Municipio denunciaron que el Gobierno decidió sacar a los gendarmes de las zonas más complicadas por el delito. La pelea por los efectivos y la nula coordinación entre la comuna, la Provincia y la Nación.
El asesinato de Enzo Ledesma levantó una nueva polémica sobre la seguridad en el Conurbano. Es que luego de los incidentes y el pedido de justicia en la Comisaría de José León Suárez, desde el gobierno del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, denunciaron que el Gobierno decidió retirar a los efectivos de Gendarmería de las zonas más calientes del distrito.
Enzo tenía 13 años y vivía en la villa La Cárcova. En la madrugada del lunes recibió dos disparos que terminaron con su vida y según la policía bonaerense, el chico habría quedado en medio de un enfrentamiento de narcos.
El miércoles, un grupo de personas protestó frente a la comisaría cuarta por el crimen. Sobre el final de la protesta hubo incidentes con quema de vehículos incluida y piedrazos a la comisaría.
Inmediatamente, desde el kirchnerismo salieron a culpar a distintos actores por lo ocurrido. Por caso, el diputado provincial del Movimiento Evita Leonardo Grosso dijo en una entrevista al sitio La Noticia Web que “la policía bonaerense, la justicia provincial y el municipio, son parte del problema”.
Pero desde el municipio intentan despegarse del tema. Katopodis emitió un comunicado en el que sostiene que “la sucesión de hechos delictivos en José León Suárez pone en evidencia el fracaso de la política de seguridad que lleva a cabo la Provincia de Buenos Aires y la incompetencia en la lucha contra el narcotráfico”.
También hizo un pedido al Gobierno nacional. “Desde el Municipio venimos reclamando al gobierno nacional y al provincial que nos escuchen y escuchen a los vecinos. Necesitamos que la Gendarmería esté presente en estos barrios”, señaló.
Sobre ese reclamo, fuentes municipales comentaron a este medio que en 2012 el gobierno había enviado unos 450 efectivos de Gendarmería para patrullar los barrios más complicados del distrito.
El envío se anunció con bombos y platillos pero con el correr de los meses, el número de gendarmes que quedaron patrullando en San Martín se redujo drásticamente: sólo 18.
Curioso número para el distrito con el índice de delitos violentos más altos de la Provincia y donde se registra la mayor cantidad de delitos vinculados al narcotráfico.
La vuelta de los gendarmes se produjo este año, semanas antes de las elecciones, con el Operativo Centinela, que destinó 100 efectivos para San Martín.
Sin embargo, cerca de Katopodis se quejan porque los jefes de los operativos no tienen ningún contacto con las autoridades municipales, lo que hace imposible un trabajo en conjunto.
“No podemos coordinar un operativo y ni siquiera podemos sugerir dónde hacen falta con más urgencia los efectivos”, sostienen en la Comuna.
Así, lo gendarmes del Centinela patrullan, pero sólo en el centro de San Martín y los refuerzos en los barrios no aparecen.
Malestar con Scioli
Pero el enojo de Katopodis, uno de los intendentes del Frente Renovador de Sergio Massa, también está destinado al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados.
Con ellos tampoco existe el diálogo para coordinar la seguridad en el distrito. Un ejemplo se vio cuando, también días antes de las elecciones, Scioli y el ministro decidieron cambiar al jefe distrital de la Bonaerense.
No hubo consultas con el Municipio y lo mismo sucedió esta semana cuando Granados decidió el cambio de la cúpula policial de la comisaría de José León Suárez.
Además, en el gobierno local sostienen que la administración sciolista en vez de buscar la cooperación prefiere dejar la seguridad en manos del Municipio.
“Cada vez que presentamos patrulleros propios, la Bonaerense se retira de los barrios y deja de patrullar. Esos vehículos son para complemento, la que debe garantizar la seguridad es la Provincia”, es la queja que Katopodis esgrime fuera de los micrófonos.
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