En sintonía con la oposición y las asociaciones de jueces y abogados, grupos empresarios salieron a cuestionar el proyecto del gobierno.”Nos inquieta que se pueda afectar la seguridad jurídica en momentos en que estamos necesitando inversiones”, afirman.
La reforma judicial del gobierno también es mal vista en el mundo empresarial, donde se vislumbra que las nuevas normas afectarán el desarrollo de las inversiones. “Las reglas son fundamentales y es central saber que existe una Justicia independiente”, declaró el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, según informó el diario El Cronista.
El directivo recordó que “el funcionamiento de la República requiere de la división de poderes y, sobre todo, saber que existe una Justicia independiente”. Campos también enfatizó que no se trata sólo de la política, sino también de la economía, debido a que “para todo aquel que quiera invertir en la Argentina, es vital tener una Justicia no sólo independiente sino también prestigiosa”.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) alertó que los proyectos pueden “poner en grave peligro la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, dejando a merced de una mayoría circunstancial los derechos individuales esenciales de los ciudadanos”.
La SRA cuestionó la reforma del Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares (“único camino para contener al poder político hasta tanto puedan dictarse las sentencias”) y la creación de nuevas cámaras de Casación (“para llenarlas con funcionarios adictos”). “Está claro que en un futuro inmediato la voluntad omnímoda del poder central no tendrá límites de ningún tipo”, señaló la entidad rural que dirige Luis Miguel Etchevehere en un comunicado.
Desde la UIA, el vicepresidente Daniel Funes de Rioja también cuestionó la reforma judicial, aunque fue moderado en sus declaraciones. Habló a título personal y se mostró a favor de “no innovar” en cuanto a la estructura y definición del Consejo de la Magistratura, es decir, que la elección de sus miembros siga siendo tarea de los profesionales en la materia.
Sobre las cautelares, aseveró que “las normas procesales que habilitan las cautelares tienen una razón de ser, y es preservar una situación para evitar un daño irreparable” y, en este sentido, “no pueden desaparecer”, afirmó Funes de Rioja.
Por su parte, el gerente de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Miguel Ponce, admitió que si bien todo lo que mejore las condiciones de la Justicia es bienvenido, preocupa algunos de los proyectos que ponen en riesgo la llegada de inversiones al país. “Esta reforma propone discutir el tema, pero nos inquieta que se pueda afectar la seguridad jurídica en momentos en que estamos necesitando inversiones”, manifestó Ponce, al tiempo que remarcó que hay que terminar con la dicotomía actual e intentar que una reforma judicial salga por consenso.
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