Sin privilegios, ya multaron a 1.310 autos oficiales

Del total de vehículos sancionados por mal estacionamiento, la mayoría pertenece a dependencias del Gobierno nacional. Los autos deben pagar una multa de $240 y hasta pueden ser acarreados.

Desde que el Gobierno porteño eliminó los privilegios para los autos oficiales, hace tres meses y medio, ya multó a unos 1.310 vehículos por estacionamiento indebido en la Ciudad. De esta cifra, 281 también fueron acarreados por las grúas.

La medida se implementó el 19 de marzo pasado y los controles fueron realizados durante los 71 días hábiles que lleva la norma, lo que representan 18 infracciones diarias a funcionarios públicos de todas las jurisdicciones y poderes.

¿A quiénes pertenecen los autos sancionados? Unos 1.030 son del Gobierno nacional, 161 de la Ciudad de Buenos Aires y 119 corresponden a la Policía Federal. Y bajo la lupa de los 281 autos acarreados, se observa que 31 pertenecen al Ministerio del Interior que maneja Florencio Randazzo. Le siguen los coches del Congreso Nacional (19), el Poder Judicial (18), el Ministerio de Desarrollo Social (17) y la cartera de Salud (12). En todos los casos, dichos organismos deben abonar 240 pesos de la multa por mal estacionamiento más los $190 pesos de acarreo, que en estos días se convertirán en $350 (ver aparte).

La administración macrista no estuvo exenta. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público sumó nueve acarreos; la Secretaría de Participación Ciudadana, cinco; la Legislatura de la Ciudad, cuatro; y la Subsecretaría de Transporte, dos.

“Los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los funcionarios públicos. Nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir con las normas vigentes para que los porteños puedan viajar mejor por la ciudad”, había dicho el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Dentro de los alcances de la norma, queda exceptuado el estacionamiento frente a la Casa Rosada, Tribunales, el Palacio Municipal, el Congreso, las embajadas y los consulados, así como las sedes religiosas que gestionan su autorización.

Fuente: La Razón