El órgano intergubernamental de la FAO que se encarga del examen y seguimiento de las políticas sobre seguridad alimentaria, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), ha aprobado un acuerdo que ofrece pautas a los gobiernos para que las leyes garanticen a las personas el acceso a los recursos naturales y a la tierra.
El objetivo de las «Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» es fomentar una legislación que favorezca los derechos de las personas sobre la tierra, la pesca y los bosques, según una nota emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
«Dar a las personas pobres y vulnerables derechos seguros y equitativos de acceso a la tierra y a otros recursos naturales es una condición clave contra el hambre y la pobreza», dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva.
Las recomendaciones del CSA son para este responsable «un punto de partida que ayudará a mejorar la situación, a menudo desesperada, de las víctimas del hambre y la pobreza», millones de personas muchas veces amenazadas por la adquisición de tierras a gran escala o por la sobreexplotación de recursos naturales por empresas y gobiernos.
Modelos alternativos
El texto intenta promover que los sectores público y privado recurran a modelos alternativos a la adquisición de tierras a gran escala y que sus inversiones salvaguarden los derechos humanos, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Se trata de que sus inversiones generen «beneficios para el país y sus habitantes, incluyendo los más pobres y más vulnerables», afirmó Graziano da Silva.»Estos cambios no se van a producir de la noche al día.
Pero también sabemos que existe una significativa identificación y respaldo a las directrices», dijo el director del CSA, Yaya Olaniran, que explicó que ahora corresponde a los países que aprobaron las directrices ponerlas en práctica sobre el terreno.
Este último acuerdo del CSA es el resultado de tres años de negociaciones entre países, sector privado, agricultores y sociedad civil.
por EFE