En la disputa se encuentra el 2015: si hay default porteño, Cristina Fernández cree que no habrá Macri 2015. Así a las acusaciones de Mauricio Macri al Gobierno de Cristina Fernández de pretender «fundir» a la Ciudad, y apremiada por quedarse con cajas disponibles del gobierno porteño, desde el oficialismo darán una dura respuesta: tratar en el Congreso el proyecto de ley que promete destrozar las finanzas porteñas quitando al Banco Ciudad los depósitos judiciales, vitales para esa entidad. Ayer en la intimidad del despacho del presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, se discutió la iniciativa, hasta ahora dormida.
(Urgente24) Apremiada por fondos, la Nación pretende las cajas disponibles en el gobierno porteño. He ahí la razón por la cual al inicio de esta semana, Mauricio Macri, denunció al Gobierno de Cristina Fernández de querer fundir a la Ciudad.
Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y llegó con más de lo mismo: quedarse con los depósitos judiciales del Banco Ciudad, vitales para esa entidad. De nuevo, es la diputada ultrakirchnerista Diana Conti quien encabeza la iniciativa que intentarán tratar en el Congreso.
El proyecto se discutió ayer en la intimidad del despacho del presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez. En ella participó la ideóloga del proyecto y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Carlos Heller, de Nuevo Encuentro, quien encabeza la Comisión de Finanzas. «Vamos a avanzar», confirmó Conti al diario ‘La Nación’ luego de finalizar la reunión.
Según ‘Parlamentario.com’, estos depósitos judiciales significan una suma aproximada de $6.500 millones que equivalen al 30% del total de los depósitos de la entidad financiera, y representan una fuente de financiamiento imprescindible para sostener las líneas de créditos hipotecarios a tasa fija, créditos a PYME y a grandes empresas.
Sin embargo, hay también encumbradas voces kirchneristas que están en desacuerdo. «El mayor daño se le impartirá a la gente de la ciudad antes que a Macri. El banco está saneado, otorga créditos a una tasa más baja que el resto de las entidades y lo que hará este proyecto es afectar al ciudadano porteño, que por falta de fondos en el banco verá encarecidos sus créditos», criticó un importante legislador oficialista, en estricta reserva.
En el gobierno porteño y en la dirección del Banco Ciudad, que preside Federico Sturzenegger, prefirieron la cautela. «Preferimos que sean ellos (los kirchneristas) los que expliquen el proyecto, y si realmente defienden el federalismo o todo lo contrario», dijeron voceros de la entidad bancaria al matutino mencionado. En el macrismo no quisieron arriesgar una postura hasta que no vean «que el proyecto realmente avanza», aunque sí sostuvieron que «el ataque contra el banco es parte de la guerra del kirchnerismo contra Macri».
«En este caso no le sacan un peso al presupuesto de la Ciudad y afectan directamente a la gente, que es la que no va a poder sacar más un crédito», afirmaron las fuentes macristas, que sindicaron a Roberto Feletti (antecesor de Sturzenegger) como «el cerebro detrás de este ataque».
El proyecto se girará a dos comisiones, la de Justicia, que preside el riojano Jorge Yoma, y la de Finanzas, de Heller; ambas cuentan con mayoría oficialista.
La diputada Conti, al justificar la iniciativa, recordó que si bien una ley de 1965 instruyó que todos los depósitos judiciales se efectuaran en el entonces Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, «las razones políticas que inspiraron esa norma ya no resultan vigentes y, además, no son adecuadas al actual orden jurídico constitucional».
«Efectivamente, la justicia nacional con asiento en la Capital, lejos de ser justicia porteña, es justicia federal: sus magistrados son nombrados por el Consejo de la Magistratura de la Nación; cobran sus remuneraciones del presupuesto nacional y se jubilan con el régimen especial nacional. Por lo tanto, los fondos de los depósitos judiciales que a la justicia nacional corresponden deben incrementar los depósitos de un banco nacional para que sean aplicados a proyectos de orden federal», fundamentó Conti en su proyecto de ley.
También, Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación presentó un proyecto ante el Cuerpo, que según consta en la página oficial del Consejo, solicita que «se arbitren los mecanismos necesarios a efectos que la totalidad de los haberes correspondientes a los magistrados, funcionarios y empleados de los tribunales nacionales y federales, así como los de esta Consejo de la Magistratura, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, sean depositados en el Banco de la Nación Argentina…».
En los considerandos de esta propuesta, dirigida al presidente del CMN Dr. Manuel Urriza, y a la que tuvo acceso el sitio ‘Mirador Nacional’, el consejero sostiene, entre otros, «la necesidad de adecuar estos depósitos a la normativa legal y constitucional vigente, en sintonía con lo que sucede en el resto de los tribunales federales del territorio nacional».
Más adelante, se expresa que «la justicia nacional se rige por normas y autoridades de alcance federal. Sus magistrados, al igual que los federales, son propuestos a través de una terna vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y designados por el PEN con acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Tanto sus haberes como los de sus funcionarios y empleados son contemplados en partidas del presupuesto nacional, y su jubilación se ajusta a un régimen especial, también nacional.
«No obstante, estos agentes, al igual que los de este Consejo de la Magistratura y Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, perciben sus remuneraciones mediante depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que sucede con los agentes de los tribunales federales del país, que lo hacen en el Banco de la Nación Argentina.»
«Ello – continúa el escrito de Ordiales- responde a una práctica establecida en el año 1965 a través de la ley 16.869, que regulaba los depósitos correspondientes a causas judiciales y cuya finalidad por entonces era el fomento del crédito hipotecario en el ámbito de esa ciudad».
Según el proyecto: «Resulta claro que la mentada ley contemplaba una situación totalmente diferente a la aquí expuesta, y que tanto la normativa legal y constitucional como la finalidad socioeconómica que motivó dicha ley han variado sustancialmente.»
«En este sentido, debe tenerse presente que la CABA posee sus propios tribunales y Consejo de la Magistratura, y sus magistrados, funcionarios y empleados se rigen por la normativa local y perciben sus emolumentos también mediante depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires».
Más adelante, se dice que «por tales razones entendemos que debe procederse a concentrar el pago de la haberes de los agentes judiciales nacionales y federales de todo el territorio nacional en una única entidad bancaria, el Banco de la Nación Argentina.»
También menciona Ordiales en su escrito que en la actualidad se encuentra el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que establece que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país «se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina, como también el dinero, títulos y valores secuestrados en causas judiciales y los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado Nacional.»
# El rechazo Pro
Conocido el probable mazazo del Gobierno, el macrismo rechazará por anticonstitucional y por poner en riesgo a unos 150 trabajadores del Banco Ciudad el proyecto de ley del kirchnerismo. Y advierte, además, que llegará hasta la Corte Suprema si avanza esta iniciativa.
Según los diputados de Pro, el Congreso no tiene potestad sobre esta cuestión del Poder Judicial. «Es inconstitucional; ellos creen que perjudican al gobierno de Macri, pero esa plata no la puede usar el gobierno porteño, ya que es de las personas que litigan en la ciudad de Buenos Aires y la administra la Justicia. Si es necesario, vamos a ir a la Corte», dijo Pablo Tonelli.
En la Legislatura porteña, el diputado de Pro Daniel Lipovetzky también opinó: «Es otro intento de ahogo financiero contra la Ciudad, que, además, aumentaría las demoras para los cobros judiciales».
En el Ciudad advierten que el perjuicio será para los clientes que sacan créditos hipotecarios a 20 años, los 150 trabajadores afectados a la administración de estos depósitos en la entidad y la Justicia, que cobra $120 millones anuales por el uso de esos depósitos. Además, indicaron que si se giraran esos recursos de los fueros laboral y comercial, el Nación debería pasarles el dinero de los juzgados civiles (unos $3000 millones) «para equiparar a la Ciudad con las otras provincias, que manejan esos recursos a través de sus bancos».
Al respecto, el diputado por la Coalición Cívica y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, dijo que «el proyecto de Conti tiene un error grave, porque la ley 23.853 de autarquía judicial ya le permitió a la Corte depositar los fondos en cualquier entidad pública». En todo caso, «es lógico mantener esa libertad», dijo el vicepresidente de la comisión de Finanzas.
Otros miembros de la oposición exhibieron posiciones contradictorias. Enrique Vaquié (UCR-Mendoza) sostuvo que «el proyecto está bien si no se transfieren de una sola vez todos los depósitos actuales», mientras que Patricia Bullrich presentó su propio plan «porque el de Conti es inconstitucional».
(Urgente24)