Scioli respondió el pedido de informes sobre Boldt y el juego

Reconoció que hay contratos por decreto, pero más cortos que los de Duhalde y Solá

Por Pablo Morosi | LA NACION
A PLATA.- El gobierno bonaerense respondió ayer el pedido de informes impulsado por legisladores del propio oficialismo sobre los vínculos entre la empresa Boldt SA y la administración conducida por Daniel Scioli.

La respuesta da cuenta de que el gobierno provincial mantiene contratos con la firma en servicios de captación on line de apuestas y máquinas electrónicas de juegos de azar. También consigna que la provincia adjudicó a Boldt un módulo del servicio de la Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito, entre septiembre de 2008 y diciembre pasado, pero que ya no presta ese servicio.

El pedido de informes -«en detalle y por escrito»- fue impulsado a fines de marzo en la Cámara de Diputados por los kirchneristas Juan de Jesús y José Ottavis, horas después de haber mantenido una reunión con el vicepresidente Amado Boudou, quien acusó a Boldt de montar una campaña en su contra. La respuesta tiene 525 fojas.

Desde el gobierno provincial se resaltó que la confección de la respuesta demoró apenas 12 días hábiles. «Hemos contestado con gran celeridad a este peculiar pedido para demostrar la voluntad del Poder Ejecutivo de despejar cualquier duda», sostuvo una alta fuente del gobierno de Scioli. «Demostramos que no es necesario apelar a instancias como la de un pedido de informes cuando es posible sentarse a dialogar», añadió.

En el informe se explica que, en lo referente a la captación de juego, el contrato con la empresa para la provisión y mantenimiento de máquinas receptoras de apuestas » on line real time » fue suscripto en 1993 -durante la gobernación de Eduardo Duhalde-, mediante un mecanismo de invitación a empresas nacionales e internacionales. Resultó adjudicada la firma Software de Juegos SA (calificada de «continuadora» de Boldt). En ese trámite también se presentaron Consad SA y Ciccone Calcográfica SA.

El contrato cesa el 29 de noviembre próximo. Fue prorrogado por Scioli por tres años el 27 de noviembre de 2009, mediante el decreto 2613/09. Se destaca que las anteriores renovaciones -durante otras gestiones- se hicieron por ocho y diez años.

También se subraya que «se redujeron los porcentajes de retribución del proveedor en dos de los tres componentes que hacen a la fórmula de retribución, cuando de los antecedentes surge que, en 1995, dos de ellos sufrieron incrementos y sólo uno se redujo». Se agrega que en los convenios suscriptos y aprobados con Boldt participaron todos los organismos de control previstos por la Constitución.

En cuanto a las máquinas electrónicas de juegos de azar, Boldt posee desde 1995 la exclusividad en la provisión para los casinos del distrito. Ese contrato vence a fines de 2013. El primer acuerdo con Boldt por las tragamonedas (decreto N° 3956/95) fue por seis años y luego se prorrogó por otros diez (decreto N° 726/99), pero en mayo de 2007 fue revalidado en forma anticipada por el ex gobernador Felipe Solá, incluidas las obras de refacción para el casino de Mar del Plata.

Por último, se destaca que a instancias de la Fiscalía del Estado provincial se extendió a 2013 la vigencia del contrato de exclusividad por el casino de Tigre, que el gobierno de Scioli pretendía desdoblar. En julio de 2010 se inició el proceso de aprobación del pliego de licitación para contratar el servicio por diez años.

«Corbatazo» en contra de Reposo

Un «corbatazo» de protesta en Tribunales, para rechazar la designación de Daniel Reposo como procurador general de la Nación, realizaron ayer los abogados que integran la lista Cambio Pluralista, que encabeza el doctor Atilio Alterini, uno de los postulantes para conducir el Colegio Público de Abogados de la Capital. Además, la diputada nacional Graciela Ocaña y el legislador porteño Daniel Amoroso juntaron firmas para presentar un petitorio en el que se denuncia que Reposo, que tiene vínculos con el vicepresidente Amado Boudou, no reúne las condiciones para el cargo..

Fuente: La Nación