Una verdadera trama oficial tuvo activa participación para que el escándalo que hoy compromete al vice se fuera concretando.
Diario Los Andes
Edición Impresa: viernes, 23 de marzo de 2012
Al menos diez funcionarios de las más altas jerarquías del Gobierno participaron en el proceso que empezó con el cambio de dueños de la imprenta conocida como Ciccone Calcográfica y que siguió después con los primeros beneficios económicos que estos últimos obtuvieron gracias a sus contactos con el Poder Ejecutivo.
La Justicia Federal investiga si el vicepresidente Amado Boudou cometió tráfico de influencias en esta trama político-económica.
Entre otras pruebas, en el expediente del caso consta que Boudou, siendo ministro de Economía, firmó una nota que permitió que la AFIP le concediera a Ciccone una moratoria de 148 cuotas con 0,5% de interés para pagar de ese modo la deuda de más de 59 millones de pesos que tenía con el organismo recaudador. Fue una ayuda fiscal extraordinaria.
Pero más allá de ese punto crucial, y de las vinculaciones de amistad que unen a Boudou con el director de Ciccone, Alejandro Vandenbroele, lo cierto es que las acciones gubernamentales alrededor de esa empresa empezaron antes de que sus nuevos dueños llegaran a la compañía.
La concatenación de acciones oficiales empezó a rodar cuando la Comisión de Defensa de la Competencia, encabezada por Ricardo Napolitani, emitió en 2010 una resolución que ayudó a que los nuevos dueños de Ciccone pudieran sacar de la planta impresora a la compañía Boldt, que había alquilado las máquinas con aval judicial.
El escrito de Napolitani fue apoyado después por su superior, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Napolitani es además un funcionario que responde al secretario Legal y
Técnico, Carlos Zannini. Gracias a los escritos de Moreno y Napolitani, entonces, la sociedad The Old Fund (dirigida por Vandenbroele) se quedó con Ciccone.
Después de eso la AFIP, de Ricardo Echegaray, con apoyo de Boudou, le otorgó la moratoria excepcional a Ciccone. Hoy, Ciccone le debe plata no sólo a la AFIP, sino también a la Anses, de Diego Bossio.
Ahora se sabe además que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de José Sbatella, no detectó que The Old Fund es una sociedad sospechosa.
En agosto de 2011 imprimió las boletas electorales que el Frente para la Victoria usó en las primarias. Fue un trabajo de 14 millones de pesos. El socio de Boudou, José María Núñez Carmona, fue el nexo entre Ciccone y el Gobierno, contaron fuentes que participaron en esas operaciones. A eso se suma que Vandenbroele visitó varias veces a funcionarios de la Secretaría de Medios, que respondía Juan Manuel Abal Medina.
A esta cadena se agrega un eslabón central: la Casa de Moneda, de Katya Daura, alineada con Boudou, intentó que Ciccone imprimiera billetes de cien pesos. Impulsó ese negocio con un expediente interno en el Banco Central, manejado por Mercedes Marcó del Pont.