Dijo que las sanciones de las provincias a la petrolera no son acciones aisladas, sino medidas que comparte el Estado nacional.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le contestó ayer con dureza al gobierno español. «Es un error confundir los intereses de España con los de Repsol, y menos con los de YPF, ya que es solamente su principal accionista», dijo De Vido en declaraciones a la agencia oficial Télam.
Se trata de la primera declaración de este tenor de un funcionario nacional luego de que el Gobierno dejara las declaraciones y las acciones en contra de la compañía en manos de las provincias. La estrategia se aplicó desde principios de mes, cuando el rey Juan Carlos y funcionarios del gobierno de Mariano Rajoy presionaron sobre la administración kirchnerista para evitar el retiro completo de la concesión.
La petrolera YPF, controlada por la española Repsol, «es una empresa argentina porque tiene domicilio y opera en nuestro país», agregó el ministro, que acompañó a la presidenta Cristina Kirchner en una visita oficial a Santiago de Chile.
De este modo, De Vido respondió directamente al ministro español de Industria, Jose Manuel Soria, que anteayer había elogiado el hecho de que el retiro de varias licencias a YPF en el Sur respondiera a una decisión de autoridades provinciales y no del gobierno nacional. «Los intereses de YPF son los de Repsol y por lo tanto de España», había afirmado Soria.
«No comparto en absoluto» este planteo, porque «los intereses de YPF no pueden estar disociados del desarrollo nacional porque es una empresa argentina con accionistas españoles», le retrucó De Vido. «De ninguna manera sus objetivos pueden apartarse de los intereses del Estado argentino, porque sus principales activos son los yacimientos que le concesionaron las provincias», agregó el ministro.
Las provincias Chubut y Santa Cruz, dos de las mayores productoras de hidrocarburos de la Argentina, anunciaron la retirada de cuatro licencias de explotación a YPF por considerar que no cumplió con sus compromisos de inversión y aumento de la producción. Se sumó luego Mendoza, que anunció que podría adoptar una decisión similar en los próximos días, sobre un área que abarca apenas el 0,06 por ciento de la producción total de la petrolera en el país. Hasta ahora, YPF, que recurrirá ante la Justicia, perdió el 3,8% de su producción en la Argentina, aunque el golpe podría ser mayor si se suman otras provincias petroleras. Por lo pronto, ya hubo advertencias también de La Pampa y Neuquén.
Al respecto, De Vido dijo que las sanciones contra YPF «no son acciones aisladas de dos provincias, sino que sus fundamentos son producto de una visión que también comparten el Estado Nacional, los trabajadores y los estacioneros [propietarios de estaciones de servicio]».
Por otra parte, rechazó que la retirada de las licencias a YPF suponga una violación de la seguridad jurídica de las empresas que invierten en el país. «El peor violentamiento a la seguridad jurídica es incumplir los contratos de concesión, como hizo Repsol YPF en reiteradas ocasiones», afirmó el ministro.
YPF, controlada por Repsol (57,43%), es el mayor productor de hidrocarburos de la Argentina y uno de los principales empleadores, con 13.500 trabajadores. Según datos de la compañía, en 2011 realizó inversiones récord, principalmente en exploración y producción, por más de 3000 millones de dólares, un 50% más que en 2010, y pagó impuestos por 6400 millones de dólares, también una marca histórica. En el país, YPF tiene el 32% de la explotación de petróleo y el 23% de la de gas.
REGALÍAS NO COBRADAS PARA TIERRA DEL FUEGO
El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Christian Ruiz, explicó que las empresas YPF y Apache ofrecieron cancelar en el corto plazo una parte de la deuda reclamada por el gobierno fueguino en concepto de regalías mal liquidadas, mientras que el resto quedará pendiente de una resolución de la Corte Suprema de Justicia por un caso similar con Neuquén. «Se avanzó en el tratamiento de eventuales diferencias detectadas por la provincia en la liquidación de regalías por los períodos 2006-2008; en este punto, las empresas admitieron que puede existir una diferencia en los valores», indicó el funcionario fueguino.
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