Un banco de leche materna de la empobrecida provincia argentina de Chaco busca reducir los indicadores de mortalidad infantil de la mano de un sistema de recolección y entrega «a domicilio», informaron hoy fuentes médicas.
Personal del hospital Julio Perrando de Chaco, lindante con Paraguay, se encarga de retirar la leche en las casas de las madres donantes y entregarla en las viviendas de los bebés que requieren del alimento, explicó a Efe el director del banco de leche, Carlos Posse.
«De esta manera, nos aseguramos que se mantenga la cadena de frío de la leche», explicó el médico de Chaco, cuya tasa de mortalidad infantil se ubica en 17 de cada mil nacidos vivos, por encima de la media nacional.
En 2007, al menos 22 indígenas de Chaco, varios de ellos niños, murieron por desnutrición, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina a ordenar medidas urgentes en favor de estas comunidades.
Junto con la Fundación Infant, el banco de leche chaqueño puso en marcha una investigación para certificar si la leche humana pasteurizada permite reducir las infecciones respiratorias, uno de los principales motivos de reingresos hospitalarios de bebés prematuros y de muerte en el primer año de vida.
Posse consideró que, de resultar exitosa la investigación, podrían reducir a la mitad los reingresos al hospital de bebés prematuros con este tipo de infecciones gracias a la leche de «otras mamás».
«El proceso de pasteurización hace perder una parte de la capacidad inmunológica de la leche humana, pero no sabemos aún en qué magnitud se pierde», explicó el director del banco de leche, situado en el hospital de la ciudad argentina de Resistencia, unos mil kilómetros al norte de Buenos Aires.
El resultado de la investigación será elevado al Ministerio argentino de Salud con el objetivo de extenderlo a todo el país.
La prensa local informó hoy que dos niños, de 1 y 2 años, murieron este mes en la provincia norteña de Misiones por desnutrición.
La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 12% durante el primer semestre del año, lo que equivale a unas 2.969.000 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuyas mediciones son cuestionadas por economistas, dirigentes de la oposición y empleados del propio organismo.
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