En Santa Cruz, su provincia adoptiva, la señora de Kirchner no se limita estos días a pasear a Vito, el pug gris de su hija. Además de seguir recuperando fuerzas tras la tiroidectomía que le practicaron, la Presidente analiza las dificultades que atraviesa su gobierno.
Las cosas que hacían los malos
Veamos una que representa otro revés durísimo para ese capítulo destacado del relato oficial que es el tema derechos humanos:
la revelación de que un equipo de la Gendarmería venía reuniendo información de inteligencia sobre militantes opositores, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales, obtenida clandestinamente, por infiltración y sin instrucciones específicas de ningún juez (“una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas”, la describió el propio titular de la Fuerza, comandante general Héctor Bernabé Schenone).
El nuevo percance tiene un efecto tan deletéreo para la narrativa oficialista como el escándalo que se destapó el año último en la Fundación Madres de Plaza de Mayo (un affaire con trámite judicial moroso, por cierto). Si en aquel caso las acusaciones se centraban en la temática de la corrupción (desvío de fondos aportados por el Estado, métodos vidriosos para su asignación y devolución de favores a los asignadores), la denuncia actual pone de manifiesto que se emplean hoy ciertos recursos de inteligencia y espionaje que fueron estigmatizados como propios de la dictadura del Proceso y sancionados por leyes de la democracia. ¿Acaso esos procedimientos son perversos cuando los ejercitan “los hombres malos” pero cambian de signo cuando los ordenan “los chicos buenos”?
Las advertencias de Moyano
La cuestión tiene costados morales, políticos y judiciales. La ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe a los organismos especiales del Estado (particularmente a los de índole militar) “obtener información” de datos de personas por el solo hecho de “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. A primera vista, se ha transgredido la Ley. ¿Por orden de quién?
El martes 14, después de que la Policía Federal reprimió ásperamente una manifestación de ex soldados convocados en 1982 para la guerra de Malvinas, Hugo Moyano se preguntó si el gobierno estaba desplegando un giro. “Represión en Buenos Aires, ¿algo está cambiando en la Argentina?”, era el título del documento que firmó el secretario general de la CGT. Llamaba, sin duda, la atención la fuerza que se desató contra los ex conscriptos (precisamente en momentos en que el gobierno pretende aparecer envuelto en la bandera malvinista).
“Hacemos un llamado a las autoridades responsables para que despejen las dudas despertadas por estas acciones, respecto de un cambio en la conducta del Estado en el tratamiento de los reclamos que formulen los trabajadores u otros sectores sociales, en defensa de sus legítimos derechos”, proponía el texto cegetista.
La represión aplicada en Catamarca contra manifestaciones ambientalistas añadió preocupación y -sobre llovido, mojado- el miércoles 15 se conocieron los datos sobre las acciones de inteligencia desplegadas por la Gendarmería. Las dudas manifestadas por Moyano se sumaron a las críticas esgrimidas por sectores de la oposición cuando se aprobó a los panzazos la llamada Ley Antiterrorista. Hasta Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte más próximo al gobierno, había expresado sus temores por aquella ley: “En algún momento puede ser utilizada contra la protesta social o contra los sindicatos”. La realidad parecía justificar las alarmas.
En las condiciones del ajuste económico en marcha, las preocupaciones se explican. En esta columna, a raíz del conflicto entre los gremios aeronáuticos y la conducción de Aerolíneas y en el marco de las crecientes tensiones con la CGT, se señalaba ya en noviembre: “La Presidenta, con los votos todavía frescos pero empeñada en invertir algunas alianzas y establecer nuevos controles (…) convoca a la Fuerza Aérea para controlar vuelos mientras la ministra Garré trae 700 nuevos gendarmes a la Capital. ¿Teme perder la calle a manos de antiguos socios? Su discurso, sus gestos y este contexto anticipan la nueva etapa”.
Dígalo con mímica
Los chisporroteos ocasionados por los gestos represivos contra ambientalistas y soldados malvineros más el episodio con Gendarmería no encajan en el guión oficialista y han dejado a la defensiva al vasto aparato de comunicación del gobierno. La ministra de Seguridad Nilda Garré se atrincheró tras los 140 caracteres de Twitter, el jefe de gabinete se dedicó al automovilismo para todos, los intelectuales y derechohumanistas ligados al gobierno recordaron que el silencio es salud.
Otro tema que no estaba en la agenda del gobierno pero que está en la agenda de la opinión pública es el que vincula al vicepresidente Amado Boudou con las operaciones que pusieron los grandes talleres de Ciccone Calcográfica, capaces de imprimir papel moneda, bonos y documentación personal (y de proveer así al Estado), en propiedad del fondo de inversión Old Fund. El titular de ese fondo, viejo compinche de Boudou de los tiempos en que el hoy vice animaba la noche marplatense como disc jockey, con ingresos declarados ante la AFIP como monotributista de la categoría más baja, levantó la quiebra de Ciccone pagando cifras millonarias y aseguró, según quien sigue siendo su esposa, que era “testaferro” de Boudou.
Sobre esa cuestión también ha prevalecido en el gobierno el oficio mudo, pese a que el titular declarado de Old Fund contó con ayudas notables (por lo menos con la del número uno de AFIP y la del secretario de Comercio, Guillermo Moreno) para quedarse a cargo de la gran imprenta y seguramente contará con otras para imprimir billetes de 1.000 pesos con destino al Banco Central.
El primero en no hablar es el propio Boudou: ni sí, ni no, ni blanco ni negro. El juez que investiga este caso no es Norberto Oyarbide, sino Daniel Rafecas. En Tribunales aseguran que eso marca una diferencia. Se verá.
El gobierno central y las provincias
El deslizamiento de la situación no se observa sólo en los casos más flagrantes, que se mencionaron más arriba. También hay otros que, menos ostensiblemente denotan problemas para el gobierno central.
La fracasada política energética, convertida en principal causa de desequilibrio de la balanza comercial (las importaciones de combustible llegarían en 2012 a cerca de 12.000 millones de dólares), provocó ya fuertes choques entre Guillermo Moreno y Julio De Vido. El secretario de Comercio, subido al corcel blanco que le proporciona el respaldo presidencial, presiona a De Vido. Este, a su vez, descarga responsabilidades sobre las petroleras. Particularmente sobre Repsol-YPF, cuyo socio local -el grupo Petersen de la familia Eskenazi- llegó a manejar la compañía y poseer el 25 por ciento de las acciones con muy poco desembolso y un decisivo aliento de Néstor Kirchner. Hoy Néstor no está, los tiempos han cambiado y hay presión sobre la empresa. Pero resulta que el arma más eficaz de amenaza -la revisión de concesión de áreas que puedan ser consideradas deficientemente explotadas- no está en poder del gobierno central, sino de las provincias petroleras, propietarias del subsuelo, según la Constitución reformada.
Para actuar (lo mismo ocurrió con las provincias mineras), De Vido tuvo que poner en movimiento reuniones de gobernadores, algo que desde Néstor Kirchner el gobierno procuró evitar, por temor a que se desplieguen acciones colectivas. Los gobernadores involucrados, muy contentos por la nueva situación que les abre la puerta a un incremento en su poder relativo. Este deslizamiento se hará notar a mediano plazo.
Las guerras de Moreno
En fin, el otro tema que empieza a imponerse a la agenda del gobierno es el del cierre comercial que ejecuta Guillermo Moreno.
La señora de Kirchner está conforme con las cuentas que el supersecretario le presenta, pero los empresarios, en quienes ella ponía muchas expectativas para esta etapa, marcada por un distanciamiento de la CGT, murmuran en los rincones contra las trabas a las importaciones, que obstaculizan la producción. Y de vez en cuando se dejan escuchar por el periodismo.
Los vecinos y aliados, que tan bien han respondido en la cuestión Malvinas, se quejan por el cierre. Brasil le ha puesto fecha a su paciencia: hasta fin de marzo. En Estados Unidos la Cámara de Comercio se ha quejado y pide sanciones contra Argentina. Inclusive varios sindicatos alertan sobre efectos del cierre que complican el acceso a remedios muy sensibles.
Moreno es uno de los pocos que no juega al oficio mudo: él hace saber que quienes no acepten sus reglas de juego sufrirán consecuencias. “Yo les voy a dirigir la empresa”, advierte. Maltrata públicamente a empresarios y a instituciones empresariales, a banqueros, a ruralistas… y también a colegas del gabinete. ¿Es fortaleza o debilidad? En el gobierno hay muchos ministros y secretarios que en público festejan los exabruptos de Moreno pero en privado hacen saber que están reservando plateas y esperan asistir al choque inevitable del secretario con las consecuencias de su política.
La Presidente recibe ecos apagados de esas tensiones, versiones teñidas por uno u otro cristal: no tantos, porque son pocos los que pueden conversar con ella. De cualquier modo, esos rumores se vuelven inaudibles comparados con los aplausos que la rodean en los actos que protagoniza.
Ella se muestra convencida de que tout va très bien; sin embargo, es posible que, durante estos carnavales, en el descanso y la calma de su provincia, se le cruce la sospecha de que las cosas últimamente no están atadas y bien atadas.
Fuente: Jorge RAVENTOS/ El Informador