El Ministerio de Trabajo comenzó a rechazar, en la homologación de acuerdos salariales entre sindicatos y empresas, el uso de índices de inflación calculados por centros de estudios no oficiales. Sólo acepta los del Indec.
Desde hace unos años, algunos convenios incluyen cláusulas en las que se mencionan estimaciones de fuentes privadas para la definición del nivel de recomposición de los ingresos de los trabajadores o para determinar en qué casos las partes intervinientes en la negociación se sentarían a revisar lo acordado.
La política oficial de excluir de las homologaciones esas cláusulas de los acuerdos implica una modificación del criterio aplicado hasta ahora por las mismas autoridades. La homologación es el acto formal por el cual la cartera laboral avala lo acordado por las partes de una negociación.
Tal como lo informó LA NACION en varios artículos, hasta hace pocos meses la Secretaría de Trabajo, a cargo de Noemí Rial, homologaba sin objeciones los convenios que establecían alguna forma de vinculación directa entre el porcentaje de suba salarial y la evolución de un índice de precios de fuente privada.
Por lo general, esas tasas duplican y a veces prácticamente triplican las del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuya credibilidad se deterioró cinco años atrás, a partir de la intervención política del organismo y de las denuncias de manipulación de los datos de precios. En los últimos años, más allá de que en las negociaciones se explicite o no el uso de algún índice en particular, las alzas salariales resultantes de la negociación colectiva fueron mucho más cercanas a esos datos de inflación que a los difundidos por el Indec.
Los acuerdos que se encontraron ahora con la traba de la cartera laboral -a través de las resoluciones que emite la Secretaría de Trabajo- fueron firmados por el Sindicato de Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca con empresas instaladas en el polo fabril de esa ciudad, como Praxair, Masa, Micser, Exologística y varias más. Las homologaciones de los acuerdos con cláusulas rechazadas se hicieron entre noviembre y diciembre pasado y algunas se publicaron recientemente en el Boletín Oficial.
Las resoluciones incluyen un artículo que dispone excluir de la homologación las cláusulas referidas a cálculos alternativos de la inflación. En los considerandos se aclara que, como autoridad de aplicación, los «únicos datos» que el ministerio reconoce como válidos «son los que fija el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)».
El año pasado los aumentos convenidos entre sindicatos y empresas se movieron entre el 23 y el 33%, según la actividad. Es decir: las negociaciones se plantearon por lo general en niveles cercanos o superiores al alza de precios revelada por el índice que difunde el Congreso (resultante de promediar los estimados por varias consultoras), que para todo el año fue del 22,8%. Para la medición del Indec a la que se refiere la cartera laboral, la suba de precios minoristas fue de sólo el 9,5 por ciento.
Los acuerdos de salarios de los químicos de Bahía Blanca habían dispuesto -en la parte ahora cuestionada- que los porcentajes pactados no sufrirían modificaciones durante su vigencia -en los más recientes, esa vigencia es de abril de 2011 a marzo de 2012-, salvo que el índice de inflación publicado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba) superara el 25,5%. Para el Gobierno, esa disposición no tiene efecto.
En cada negociación, ambas partes asumieron el compromiso de reunirse para «encontrar una solución» en caso de que tal porcentaje fuera superado mientras estuviera vigente el acuerdo. También se acordó que si esa situación ocurría a la fecha de vencimiento del pacto, entonces ése sería el primer punto por considerar en la discusión siguiente, es decir, en las negociaciones por la suba salarial para el período de abril de 2012 a marzo de 2013.
Esa cláusula significaba una garantía de mejora real de los ingresos de los trabajadores, ya que el acuerdo contempla un incremento total -aplicado en etapas- del 28 por ciento.
No sólo los trabajadores químicos de Bahía Blanca habían acordado referirse a un índice alternativo. También el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) firmó varios convenios en los últimos años, fijando como referencia la inflación calculada por la consultora Buenos Aires City, que tuvo como referente a la ex funcionaria del Indec Graciela Bevacqua y que dejó de hacer sus mediciones por las presiones ejercidas desde el Gobierno.
Esos acuerdos firmados por Smata con diferentes empresas automotrices y de autopartes habían sido homologados sin objeciones. Lo mismo había ocurrido con los acuerdos firmados por los químicos de Bahía Blanca para períodos previos al actual.
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