Consideró que prejuzgó al aceptar un pedido de Moreno en contradicción con un acuerdo previo.
La empresa Papel Prensa SA pidió ayer la recusación de la jueza en lo Comercial María Cristina O’Reilly, tras considerar que incurrió en un prejuzgamiento al habilitar la feria judicial de enero a pedido del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en abierta contradicción con un acuerdo alcanzado entre todos los accionistas de la compañía, en su propio juzgado, apenas tres meses atrás.
La presentación de Papel Prensa se sumó a sendos recursos de apelación presentados por sus accionistas privados, Clarín y LA NACION, luego de que la jueza admitiera un pedido de Moreno, del 5 de este mes, para levantar el receso y convocar a una nueva audiencia con el fin de intentar designar nuevas autoridades.
Para eso, estimó Papel Prensa, O’Reilly adelantó su opinión sobre la validez de los planteos de Moreno, a pesar de que el propio funcionario había reconocido a las nuevas autoridades de Papel Prensa SA en una audiencia de conciliación que se celebró el 3 de octubre último, ante la misma jueza.
«El accionar desplegado por el Estado Nacional con posterioridad a la audiencia del 3 de octubre último -indicó la empresa-, la ausencia de todo acto del tribunal tendiente a hacer valer los acuerdos celebrados y fundamentalmente que ahora V. S. [por O’Reilly] para citar a la audiencia del 12 de enero haya recogido como válido los argumentos vertidos por el Estado nacional por resultar «de un análisis objetivo de las constancias de la causa», revelan ausencia de toda garantía de imparcialidad.»
Moreno había pedido la convocatoria a una nueva audiencia el jueves pasado, en un nuevo intento de tomar el control de la firma, basado en resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, otro órgano que depende del Poder Ejecutivo.
INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO
De ese modo, Moreno procuró además desconocer la legitimidad de las autoridades designadas por los accionistas privados Clarín y LA NACION al amparo de una resolución judicial dictada por el juez en lo Comercial, Fernando Durao, el 15 de septiembre, y que semanas después, el 3 de octubre, Moreno reconoció de manera expresa en la audiencia frente a la jueza O’Reilly.
Moreno argumentó la necesidad de adoptar «las medidas necesarias para regularizar los órganos sociales» de la compañía y así tomar su control -pese a que el Estado nacional es accionista minoritario-, invocando «las obligaciones que establece la ley 26.736» de control del papel para diarios .
Las abogados de Papel Prensa plantearon, no obstante, sus objeciones sobre la actuación de Moreno y de la jueza: «¿Qué garantías de imparcialidad tiene mi parte cuando se vuelve a convocar -meses después- a una audiencia judicial para tratar las mismas cuestiones que fueron acordadas el 3 de octubre e incumplidas por el Estado nacional?».