El asentamiento El Pueblito, en Pompeya, se redujo a tierra y escombros. Y las 130 familias que la habitaban desde hace tres décadas terminaron de ser trasladadas a un complejo de viviendas en Bajo Flores, tal como ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en la causa para sanear el Riachuelo. El mismo magistrado que hace dos años había ordenado desalojar la feria La Saladita, que finalmente se concretó el lunes.
El proyecto para avanzar sobre la costa forma parte del plan que involucra a la Ciudad, la Provincia y la Nación en un trabajo conjunto para la ACUMAR. El desalojo de El Pueblito se dio en el marco de ese plan: arrancó en 2010 con un censo, después avanzó en un trabajo de campo para saber cuántas familias vivían en ese lugar y por último se definió en una negociación entre el IVC, la Defensoría del Pueblo y delegados del barrio.
Uno de los primeros puntos acordados fue que el “cupo de mudanza” era para 130 familias que habitaban en tres manzanas sobre el borde del Riachuelo. No fue una negociación sencilla. “Cada familia estaba formada por cuatro, cinco o seis personas que, a su vez, exponían distintas inquietudes: cada uno venía con sus ideas y sus temores. Desde 2010 hasta octubre del año pasado se trabajó en su contención social, se les contó cómo iba a ser su nuevo lugar, se les buscó escuela a los chicos en el nuevo barrio y se les ayudó a tomar decisiones”, le contó Emir Norte, del IVC, a Clarín.
Hoy, el área quedó vacía, como el resto del terreno. Y la villa parece haber sido arrancada de raíz: no sólo arrasaron con sus casas sino también con sus conexiones clandestinas (y bajo tierra) de agua y cloacas. Todo eso será anulado.
Fuente: La Razón