Los funcionarios del Estado de Nigeria ignoraron hoy mayoritariamente una directiva del gobierno que les ordenaba volver al trabajo y poner fin a su huelga en protesta por la subida de la gasolina, que llega hoy a la tercera jornada.
En un comunicado emitido este martes por la noche en la ciudad capital Abuya, el ministro de Justicia y la Fiscalía General de Nigeria, Mohammed Bello Adoke, amenazó con no pagar a aquellos funcionarios que no volvieran a sus puestos de trabajo.
Al mediodía de hoy, sin embargo, sólo unos pocos empleados públicos, la mayoría de ellos en puestos de dirección, acudieron a las oficinas estatales de la capital.
«Hay más personal de seguridad aquí que funcionarios», dijo por teléfono un residente de la ciudad, Mike Okolo.
«He conducido alrededor de la ciudad, y puedo decir que la mayoría de las oficinas del gobierno permanecen prácticamente abandonadas», añadió.
En respuesta a la amenaza del gobierno, el presidente de la plataforma sindical Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC), Abdulwaheed Omar, dijo que los trabajadores están acostumbrados a este tipo de tácticas, y aseguró que los funcionarios no trabajarán incluso si son obligados a regresar a sus puestos de trabajo.
Mientras tanto, las bulliciosas calles de Lagos, principal ciudad del país, permanecieron desiertas durante la mañana del hoy con la mayoría de negocios, escuelas y mercados cerrados.
Los manifestantes se concentraron en el parque Gani Fawehinmi, en Ojota, a las afueras de Lagos, ocupado por miles de personas por tercer día consecutivo, escuchando los discursos de los líderes sindicales, en un ambiente festivo.
Los portavoces piden la destitución del presidente Goodluck Jonathan, asegurando que las protestas han superado las demandas de restituir las subvenciones a la gasolina, para cuestionar la totalidad de la acción del Gobierno.
En la ciudad capital de Abuja, la NLC y el Congreso de Sindicatos (TUC) amenazaron en un comunicado conjunto con llevar al presidente Jonathan y jefe de la Policía, Hafiz Ringim, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato de manifestantes durante las movilizaciones.
Aunque las autoridades reconocen sólo tres muertos, los sindicatos afirman que al menos ocho personas han perdido la vida en enfrentamientos con la Policía, mientras que los medios de comunicación locales aseguran que la cifra asciende a una docena de muertos.
La huelga por el alza de precios de la gasolina tras la decisión del Gobierno de retirar las subvenciones al carburante, ha agravado aún más las tensiones en el país, sacudido por la violencia religiosa entre musulmanes y cristianos en el país.
Ayer, una escuela islámica fue atacada por unos desconocidos que incendiaron el edificio en Benin (sur de Nigeria), donde un imán confirmó que seis personas murieron este lunes en esa ciudad en un aparente ataque sectario.
Como consecuencia, cientos de musulmanes han buscado protección en zonas próximas a comisarías policiales y barracones del Ejército en Benin.
Los ataques de cristianos a comunidades musulmanas han aumentado al amparo de las movilizaciones, en represalia a los ataques de la secta islamista Boko Haram, que ha acabado con la vida de más de 70 personas en las últimas semanas.
Con más de 150 millones de habitantes, que se integran en más de 200 grupos tribales, Nigeria, el país más poblado de África y primer productor de petróleo del continente, sufre múltiples tensiones por profundas diferencias políticas, religiosas y territoriales.
Fuente: El Universal