Los países progresan en base a políticas de Estado, es decir, decisiones estratégicas que son sostenidas más allá de las alternancias en el ejercicio del poder. Todo lo contrario a la frustrada “ley del 82% por ciento móvil”. El proceso no sólo denota improvisación y oportunismo, al punto que el titulo de la iniciativa no se condice con su contenido, sino que se explicita la falta de capacidad del sistema político argentino para alcanzar consensos y racionalidad. Por eso, más que especular sobre costos o dividendos políticos, la experiencia tiene que ser considerada como otra oportunidad desaprovechada.
Los ingresos y gastos del sector público nacional se conforman por el Tesoro Nacional, los recursos de asignación específica, los organismos descentralizados, los fondos fiduciarios y otros organismos extrapresupuestarios (como PAMI, AFIP, etc.), por un lado, y la seguridad social, por otro lado. Esta distinción es importante porque los primeros se financian con impuestos y otros tipos de ingresos fiscales, mientras que la seguridad social se financia con aportes y contribuciones que generan un compromiso futuro de pago de jubilaciones. En otras palabras, los aportes y contribuciones son un ingreso presente pero también una deuda que hay que pagar en el futuro, mas allá de que la contabilidad pública no la registre.
A través de la evaluación retrospectiva de estos dos grandes componentes del sector público se pueden entender los motivos que llevaron al veto de la ley que aumenta la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y estipula la actualización en el valor real de las jubilaciones licuadas entre los años 2002 y 2006 por falta de movilidad. Según datos del Ministerio de Economía se puede observar que:
· En el año 2004 el sector público excluyendo la seguridad social tuvo un superávit del 2,5% del PBI y la seguridad social estaba prácticamente en equilibrio.
· En el año 2009 se invierte la situación ya que a un superávit de la seguridad social del 1,3% del PBI se contrapone una fuerte situación deficitaria del resto del sector público que llegaba al -1,9% del PBI.
· En los primeros 6 meses del 2010, el sector público excluyendo la seguridad social presentó un déficit de -1,1% del PBI, que se financió con un excedente de seguridad social del orden del 1,1% del PBI.
Los datos oficiales muestran la fuerte dependencia del sector público de los excedentes del sistema previsional. Planteado en términos más directos, la iniciativa de la oposición colisiona con las demandas de recursos que imponen el vertiginoso incremento del gasto público impulsado, entre otros factores, por el crecimiento de los subsidios a empresas públicas y privadas, y la masiva expansión del empleo público.
El veto a la ley es consistente con la necesidad fiscal de corto plazo y la despreocupación por la insolvencia fiscal de mediano plazo. Prueba de ellos es que un factor clave para generar el superávit de la seguridad social es la eliminación del régimen de capitalización (en el año 2007 con la migración forzada de un grupo de aportantes y en el año 2009 con la eliminación total). De los 1,1 puntos del PBI de excedentes de la seguridad social del 1º semestre del año 2010, 0,8 puntos corresponden a aportes personales que, en su mayoría, antes eran ahorrados en el régimen de capitalización. Esto es “pan para hoy y hambre para mañana”. A medida que estos trabajadores se jubilen, el Estado incrementará sus erogaciones previsionales. El fenómeno es potenciado porque en lugar de actualizar los requisitos de jubilación al envejecimiento de la población, tanto oficialismo como oposición son muy concesivos frente a las demandas de ciertos colectivos de trabajadores para disfrutar de regimenes especiales con relajamiento de estos requisitos.
En un debate previsional poco racional, improvisado y cargado de oportunismo toman sentido las evaluaciones sobre costos y beneficios políticos que tiene para el oficialismo y la oposición el veto de la norma. Seguramente algo parecido ocurrirá, pero con roles invertidos, cuando por decreto se anuncien aumentos sobre las jubilaciones hacia fin de año o a más tardar en marzo del 2011 (cuando por ley corresponde aplicar la movilidad).
La falta de capacidad para generar políticas de Estado racionales lleva a la Argentina a desaprovechar oportunidades e hipotecar su futuro. Los países vecinos, en cambio, muestran los réditos del comportamiento maduro de sus sistemas políticos. En Brasil, los éxitos de Lula se edifican en la capacidad de dar continuidad a las buenas políticas de los gobiernos previos de Cardoso. El Frente Amplio en Uruguay no elimino el régimen previsional mixto heredado sino que impulsó reformas para perfeccionarlo. En la misma línea avanzó la Concertación en Chile con el régimen previsional heredado del gobierno militar.
