Un campesino fue baleado y está internado grave en Salta. Otro, golpeado, está en el hospital del Quebrachal. Sucedió en Villa Matoque, noroeste de Santiago del Estero. Desde el Mocase-VC, denunciaron la connivencia entre el empresario Villa, los ejecutivos municipal y provincial y la justicia. En entrevista con Agencia CNA, Susana Argañaraz sindicó a la esposa de Gerardo Zamora.
A un mes del asesinato de Cristian Ferreyra, un nuevo ataque a campesinos en pos de despojarlos de sus tierras se cobró un campesino baleado y otro golpeado por sicarios que habrían sido contratados por el empresario Ricardo Villa, y por el comisionado municipal de Villa Matoque, Luis «Chilín» Santillán.
El lunes por la mañana, de acuerdo con lo informado por la secretaría de prensa del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), todo comenzó cuando campesinos de Unión de Productores del Salado Norte (Uppsan)-que integra el Mocase-VC- intentaron impedir que alambradores de la empresa Servicios y Negocios S.A. de Yerba Buena Tucumán-propiedad de Ricardo Villa- demarquen tierras que están en puja desde 2009.
Según el Mocase-VC, desde 2009, la empresa mencionada, a través de parapoliciales, busca tomar tierras que representan alrededor de 15 mil hectáreas y abarca alrededor de 50 parajes habitados por campesinos.
Por otro lado, sindicaron que los grupos armados se encuentran bajo el mando de “el Paraguayo” y de Martín Caldera, quienes cuentan con el apoyo «de Miguel Gimenez de Quimilí y con la disposición de los bienes de la comisión Municipal de Villa Matoque para alambrar».
Fuentes autorizadas indicaron que el funcionario municipal «Chillín» y su hermano Luis Jeremías Santillán aparecieron armados. Chilín habría sido quien disparó cerca del corazón a Néstor Palacios, quien fue llevado a Quebrachal y, dado su estado de gravedad, fue trasladado a Salta.
Su hermano Ariel fue golpeado y está en el hospital de Quebrachal.
En la zona, los campesino vienen sufriendo presiones desde 2009, cuando el empresario Villa desembarcó en «Saucioj y luego en Rumy, La Soledad, Platero y obliga a algunos pobladores a firmar contratos de venta de posesión». Cada uno de estos hechos fueron oportunamente denunciados en el juzgado de Monte Quemado, por entonces a cargo del juez en lo Criminal y Correccional de Monte Quemado (Copo), Alejandro Sarría Fringes, quien inicialmente había detenido los desmontes. Pero a principios de este año, detuvo campesinos, levantó los impedimentos y se declaró incompetente.
Sin embargo, sin el Ejecutivo local no se cerraría el círculo de responsabilidades. Pues, las denuncias involucran a la familia Santillán-encargada de llevar a cabo los alambrados-, acusada de, por un lado, obligar a los campesinos para que firmen los contratos de cesión de la tierra y, por el otro, de tramitar los permisos irregulares de desmonte.
Los integrantes de la familia Santillán acusados son el padre de «Chilín», Alonso Santillán, secretario de Gobierno; el homónimo de éste, hijo del secretario del Comisionado y policía en la Seccional 22 de Monte Quemado, y su cuñado Andrés Villalba, policía del destacamento Nº15 de Villa Matoque. Para el Mocase-VC, todos se hallan resguardados bajo el ala del gobernador oficialista Gerardo Zamora.
Por medio de un comunicado, desde el Mocase-VC, involucraron al gobierno provincial: «todos los funcionarios del ejecutivo provincial avalaron el accionar de la empresa, incluso cuando se detectaron topadoras y tractores robados con los que llevaban a cabo los trabajos así como personal de seguridad armado de la empresa sin registrar. En la comisión estaban Publio Araujo, director de Bosques, quien avaló el plan de desmonte, la directora de Colonización, el Jefe Camaño de la Policía de Santiago, la escribana de Estado, y personal del Comité de Crisis y Registro de poseedores dependientes de la Jefatura de Gabinete».
En diálogo con Agencia de Noticias CNA, Susana Argañaraz manifestó, respecto del accionar del Gobierno provincial que encabeza Gerardo Zamora, que “no nos da ninguna respuesta a pesar de todas las marchas que hemos hecho”. Y añadió “Ellos nos quitan las tierras y se las venden, vienen con una topadora y nos sacan. En el departamento de Copo nos han sustraido más de 35 mil hectáreas”.
Por último señaló que «los funcionarios de los departamentos nos amenazan y nos dicen que `a nosotros nadie nos hace nada porque estamos en el Gobierno, la señora del gobernador- la escribana Claudia Ledesma- nos hace los papeles para las escrituras´», contó Argañaraz.
www.agenciacna.com