Nicolas Sarkozy ha dado orden de usar todos los recursos del Estado para asegurar los abastecimientos de queroseno y gasolina en los aeropuertos y gasolineras. Los sindicatos amenazan con el bloqueo de las refinerías y el tráfico nacional, cuando los camioneros deben sumarse a un conflicto que entra en una fase determinante.
Brice Hortefeux, ministro del Interior, declaró que las fuerzas del orden están dispuestas a intervenir, allí donde sea necesario, para «liberar» refinerías o carreteras, en huelgas o bloqueadas, en distintos puntos de Francia.
Un número significativo de técnicos que no están en huelga aseguraron el buen funcionamiento de los abastecimientos a los aeropuertos parisinos de Orly y Charles-de-Gaulle, provocando la cólera de los sindicalistas que pretendían provocar la penuria de carburante.
Los ministros de Economía y Trabajo y el secretario de Estado para Transportes repitieron, en todos los tonos, que «Francia no sufrirá penuria o el desabastecimiento de transportes».
Ante la firmeza gubernamental, los sindicatos anuncian dos jornadas espectaculares. Este lunes está prevista la entrada en huelga de varios sindicatos de camioneros, que pudieran intentar bloquear o perturbar el tráfico nacional y la distribución de carburantes.
Los sindicatos de camioneros anuncian «movimientos que van a hacer mucho daño», guardando un cierto suspense sobre tales acciones, con las que esperan «doblegar» al Gobierno de Nicolas Sarkozy. Se trata de la gran incertidumbre de la crisis. Las huelgas a repetición no han paralizado, de momento, Francia. Las jornadas de huelgas «indefinidas» no han llegado a cuajar. La irrupción de los camioneros en la crisis marca un giro imprevisible.
Mañana martes está convocada una nueva jornada de huelgas y manifestaciones. Los sindicatos vuelven a anunciar la parálisis de Francia, que, hasta ahora no han conseguido nunca, durante esta crisis.
Por su parte, el Gobierno espera que el Senado vote definitivamente miércoles o jueves la gran reforma del sistema nacional de pensiones.
Los sindicatos más radicales ( FO, CGT y Solidaires) desean prolongar la crisis y la prueba de fuerza, incluso si la reforma queda aprobada por el Senado y la Asamblea Nacional.
Fuente: ABC