Más de cien uniformados se acuartelaron durante diez horas en apoyo de seis oficiales que habían sido apartados por reprimir a militantes de La Cámpora; el gobierno prometió rever las sanciones
Por Ramiro Sagasti |
A PLATA.- A dos días de reasumir, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, atravesó ayer la peor crisis institucional de su carrera. Durante diez horas, más de 100 hombres y mujeres de la División de Infantería de la policía se acuartelaron en reclamo de la reincorporación de los policías sancionados por haber reprimido a militantes de La Cámpora, el lunes, cuando intentaron ingresar en el Palacio Legislativo para asistir a la ceremonia de asunción del gobierno provincial.
El conflicto concluyó anoche después de la promesa del gobierno provincial de rever las sanciones. El incidente tuvo un origen político: la fricción entre el gobernador y su vicegobernador, Gabriel Mariotto, máximo representante del kirchnerismo en la provincia. Impera la sospecha de que la intervención policial fue evitar que La Cámpora, afín al vicegobernador, «copara» el acto de reasunción de Scioli.
«Cumplimos una orden; no tenía que pasar el sector de La Cámpora para el lado de los juramentos de los diputados», dijo el capitán Walter Revolero, uno de los seis policías sancionados, que tuvo a su cargo la primera línea de infantería en las escalinatas de la Legislatura. Otro de los policías involucrados, el teniente 1° Raúl Molina, sostuvo: «Los que dieron la orden están trabajando. Los seis giles somos nosotros».
¿Quién dio esa orden? Hasta el momento, nadie respondió esa pregunta. Sin embargo, anoche, desde el gobierno intentaban depositar el peso de la responsabilidad en las autoridades de seguridad de la Legislatura. El encargado del área en la Cámara alta provincial es el coronel retirado de Caballería Néstor Alfredo Santa Ana. La seguridad de ambos cuerpos depende de él, según fuentes legislativas.
No bien supo del autoacuartelamiento, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, exhortó a los seis efectivos sancionados a que convencieran a sus compañeros de levantar la protesta. Dijo que no iba a aceptar «presión ni extorsión», y les aseguró que no iba a haber arbitrariedades en las decisiones administrativas.
El jefe del gabinete provincial, Alberto Pérez, reforzaba esa postura: «De ninguna manera vamos a tolerar presiones, extorsiones, ni condicionamientos. Están funcionando los mecanismos institucionales que garantizan el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades de lo sucedido».
Guillermo Britos, que hasta hace poco fue superintendente de la policía bonaerense y ahora es diputado por Unión Celeste y Blanco, sostuvo: «Los infantes tienen que estar previniendo el delito en la calle y no realizando custodia en un acto institucional». Y añadió: «Los pone Scioli para que la gente de La Cámpora no le arruine el acto».
Varias fuentes policiales y legislativas consultadas por LA NACION tienen esa opinión. Un alto jefe de la fuerza de seguridad que se retiró recientemente dijo a este diario: «Scioli la había pasado feo la semana pasada en la jura de los legisladores, cuando La Cámpora copó los palcos del recinto. La orden, ahora, era que los palcos tenían que estar llenos de gente con remeras naranjas vivando el nombre del gobernador. Parece que fue Pérez el que le dijo a Casal que no podía volver a pasar lo mismo, y no tuvieron mejor idea que plantar a la Infantería en la Cámara».
El lunes los palcos estaban llenos de militantes con remeras naranjas identificados con Scioli y que alentaban al gobernador. Se identificaban como «La Mercante. Agrupación Política». Mientras esos jóvenes vitoreaban al gobernador, los infantes se enfrentaban con los militantes de La Cámpora que intentaban ingresar al Palacio legislativo. Tras ello, el Gobierno anunció las sanciones contra los policías.
El acuartelamiento
Ayer por la mañana, cuando los seis desafectados llegaron a la sede del cuerpo de Infantería para entregar sus uniformes, se encontraron con el apoyo de sus compañeros de turno: sesenta policías que habían decidido permanecer en el cuartel hasta que los seis fueran reincorporados. «Quiero que quede claro que no tenemos trabajo por salvaguardar la vida del gobernador», dijo Revolero, lloroso, rodeado de policías que voceaban su indignación. «Esto es un reflejo de la gente, que está cansada -dijo el sargento Fernando Loubet, también mordiendo lágrimas-. Cobramos catorce pesos por cada hora con un arma en la cintura.»
El jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, llegó al lugar cerca de las 9.30, pero no logró convencer a los acuartelados de que depusieran su actitud y se retiró del playón cuando entraba la prensa. A lo largo de la mañana, se sumaron a la protesta efectivos del cuerpo de Caballería y de la Jefatura Distrital platense. A esa altura, empezaron a circular rumores de que se habían plegado a la protesta policías de La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes y Mar del Plata, lo que fue desmentido por Casal.
El titular del cuerpo de Infantería, Néstor Colmenares, intentó denodadamente restaurar el diálogo, pero le fue difícil: fue rechazada la oferta de que Matzkin recibiera sólo a los seis desafectados, porque los manifestantes sospechaban que serían presionados.
«Yo ya perdí una familia por darle mi vida al uniforme», le dijo Raúl Molina a Colmenares, que lo exhortaba a dialogar con Matzkin y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad. «En mis 22 años de carrera me han mentido siempre. Ahora estoy afuera y no quiero que me mientan más.»
Finalmente, se acordó que los seis desafectados (Revolero, Molina, Loubet, el sargento Daniel Maidana, el subteniente Roque Barrios y el teniente primero Leonardo Dos Santos) y diez de sus compañeros se reunieran con Matzkin, Roberto Castronuovo (titular de Investigaciones de la policía bonaerense) y los subsecretarios operativo y de Política Criminal e Investigaciones del Ministerio, Emiliano Baloira y César Albarracín, respectivamente. Baloira estaba particularmente ofuscado; Castronuovo fue el más conciliador.
Sin embargo, hizo falta la intervención del juez de garantías César Melazo para que los acuartelados aceptaran levantar la medida, lo que ocurrió después de las 19. Revolero y Loubet dijeron que se llevaban la promesa oficial de ser reincorporados luego de prestar declaración en la Auditoría General de Asuntos Internos sobre lo ocurrido en la Legislatura y de que nadie sería sancionado por la protesta.
A pesar de ello y después del acuerdo, el jefe de gabinete, Alberto Pérez, dijo a LA NACION: «Vamos a ser intransigentes con las decisiones tomadas hasta el momento para determinar las responsabilidades que corresponden».
Con la colaboración de Sebastían Lalaurette y Jesús Cornejo
Fuente: La Naciòn