Buenos Aires, 16 dic (dpa) – La profunda crisis que vivió Argentina en diciembre de 2001 dejó imágenes y situaciones que diez años después siguen grabadas a fuego en la memoria popular. Represión, muertos, saqueos y un presidente renunciante y vencido partiendo en helicóptero desde la Casa Rosada, dejando atrás una Plaza de Mayo ardiendo.
La dimisión el 20 de diciembre del radical Fernando de la Rúa abrió un período inédito en el que el país vio pasar cinco presidentes en apenas 13 días.
En aquel 2001, Argentina entraba en su cuarto año de recesión, con más de un tercio de su población sumida en la pobreza y altos niveles de desempleo.
La hambruna y la falta de perspectivas llevaron esos días calientes del diciembre austral a un estallido de los sectores más pobres en demanda de alimentos. Habitantes de barrios desfavorecidos saquearon almacenes, rodearon hipermercados y cortaron rutas.
El llanto de un coreano, dueño de un supermercado saqueado, y su arbolito de Navidad deshecho en la acera se convirtió en un icono que recorrió el mundo.
La alicaída pero todavía poderosa clase media que había respaldado a De la Rúa también explotó. Hastiada de los sucesivos planes de ajuste acordados con el FMI, empezó con los primeros tímidos «cacerolazos» que en cuestión de días se convirtieron en sello de su protesta y motor de incontables marchas.
La gota que colmó el vaso fueron las restricciones financieras, conocidas como el «corralito», impulsadas por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo que cuasi confiscó los salarios en los bancos y congeló sus ahorros depositados a tentadoras tasas de interés en los bancos, para evitar una sangría que quebrara a las entidades financieras.
La crisis consolidó los movimientos sociales que se venían gestando desde tiempo atrás. Las agrupaciones «piqueteras» de desocupados, que habían comenzado en el norte del país, se nutrieron de miles de personas que se sumaron en el populoso Gran Buenos Aires mientras en las metrópolis las asambleas ciudadanas comenzaron a clamar al unísono «que se vayan todos».
De la Rúa, quien al frente de la Alianza Unión Cívica Radical (UCR)-Frepaso había ganado dos años antes las elecciones como una opción más transparente frente al cuestionado gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), no encontró las herramientas para poner fin a la crisis que había heredado y el país continuó en caída libre.
Su última esperanza, un nuevo rescate del FMI, fracasó. También, el llamado al opositor Partido Justicialista (PJ, peronista) a formar un gobierno de concertación para salvar a la gestión de la Alianza que se desmoronaba.
La gente salió a la calle. A las decenas de muertos registrados en las trifulcas de los barrios de los suburbios bonaerenses durante los saqueos, se sumaron las víctimas por la represión a las protestas en la histórica Plaza de Mayo y sus alrededores. Los acontecimientos se precipitaron.
El 19 de diciembre, el gobierno decretó el estado de sitio tras el estallido social y la represión a las movilizaciones en la Plaza de Mayo. Un día más tarde, la fuerza de seguridad volvió a actuar con violencia contra los manifestantes. El saldo trágico fue una treintena de muertos en los disturbios y otros siete a causa de la represión a manifestantes.
Al atardecer del 20 de diciembre, De la Rúa presentó su renuncia, en una carta escrita de puño y letra. «Mi mensaje para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República», deseó en su último acto oficial, pese a que a su mandato le restaban aún dos años.
Momentos después, partió en un helicóptero desde el helipuerto ubicado en el techo de la Casa Rosada, que no se usaba desde 1987, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín despegó para negociar el fin de un alzamiento militar. Y en una imagen muy similar a cuando la mandataria Isabel Perón despegó el 24 de marzo de 1976, engañada en medio del operativo del golpe militar que instauraría un régimen sangriento.
Sin heredero directo en su gobierno, por la renuncia en octubre de 2000 de su vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez tras un escándalo por supuestos sobornos en el Senado que aún hoy investiga la justicia, la dimisión de De la Rúa dejó el poder en manos del peronismo, que había quedado segundo en la línea sucesoria. El presidente provisional del Senado, el justicialista Ramón Puerta, asumió el gobierno hasta que se designara a un presidente interino, en medio de intensas pujas entre los caudillos peronistas por el poder.
El 22 de diciembre, el PJ designó al entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, como presidente interino, moción aprobada un día después por la Asamblea Legislativa por un plazo máximo de 90 días.
En un recordado discurso, el flamante mandatario anunció la cesación de pagos de la deuda externa argentina, la emisión de una tercera moneda y la creación de un millón de empleos.
Horas más tarde, las versiones sobre la intención de Rodríguez Saá de perpetuarse en la primera magistratura azuzó las disputas dentro del peronismo. Las protestas ciudadanas no cesaron y menos de una semana después de asumir su gabinete presentó la renuncia.
Sin el respaldo del PJ, Rodríguez Saá dimitió el 30 de diciembre. También renunció quien debía sucederlo, Puerta, por lo que asumió la presidencia provisional de Argentina el titular de la Cámara de Diputados, el peronista Eduardo Camaño, quien convocó a ambas cámaras parlamentarias para designar el 1 de enero al nuevo mandatario.
Así, Argentina comenzó el año 2002 con un acuerdo entre el peronismo, sectores de la Unión Cívica Radical y el Frepaso que formalizó luego la Asamblea Legislativa que designó al senador peronista Eduardo Duhalde como presidente hasta 2003.
Una década después de una de las más profundas crisis social, política y económica que recuerde la Argentina, la Justicia continúa investigando el accionar policial en la violenta represión a las protestas populares. De la Rúa fue sin embargo sobreseído por considerar la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que no había tomado decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior.
«Se están por cumplir diez años de que renuncié al gobierno. Si algo le molestó a alguno, si algún error cometí le pido disculpas a la gente», declaró recientemente el ex jefe de Estado, en un mea culpa que rompió una década de silencio.
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