Al pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencia, el ex marino entregó a los jueces un ejemplar de la Constitución. Alfredo Astiz extendió el brazo y, en actitud desafiante, le alcanzó al presidente del tribunal Daniel Obligado, que lo juzga por tormentos y homicidios ocurridos en la ESMA, un ejemplar de la Constitución Nacional. «Es para que se lo haga llegar al presidente de la Corte, el abogado Ricardo Lorenzetti», le dijo.
Fue el último gesto de soberbia que «el Angel», como se conocía al ex marino entre los grupos de tareas de la Armada, les enrostró a los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 5, antes de que se dé a conocer la sentencia en su contra y de otros 14 acusados. Entre ellos se cuentan encumbrados represores, como Antonio Pernías, Jorge Eduardo Acosta, Alberto González, Adolfo Miguel Donda Tiguel, Carlos Antonio Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Raúl Scheller y Juan Carlos Rolón, entre otros.
Al pronunciar su alegato, durante dos horas, Astiz se declaró «un perseguido político», acusó a la presidenta Cristina Kirchner de tener «animosidad» en su contra, y denunció ser víctima de «un acto de linchamiento».
«El Gobierno no vacila en la venganza de las personas que combatimos el terrorismo. Se busca la venganza a través del martirio y la muerte en prisión», dijo. Y denunció: «La Presidenta ha dicho públicamente las penas que nos deben ser aplicadas, en violación del artículo 109 del Código Procesal Penal».
Astiz se proclamó «un perseguido político» por el Gobierno, junto a lo que denominó «el terrorismo judicial» y «los grupos de persecución y venganza», en referencia a los querellantes. Definió a este proceso, además, «una persecución disfrazada de un acto judicial».
«La condena ilegal que va a dictar el tribunal especial es parte del plan del Poder Ejecutivo», leyó Astiz, vestido de traje gris, camisa celeste y corbata oscura. Sus cabellos ya no lucen rubios, sino canos, aunque conserva el gesto duro y socarrón de otras épocas.
Como se recuerda, Astiz se infiltró entre los grupos de derechos humanos y señaló a quienes luego serían sus víctimas. Los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA son juzgados por 85 casos de delitos contra la humanidad (tormentos y privaciones ilegales de la libertad), entre ellos, los secuestros y desapariciones de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenzi; María Bianco, Esther de Careaga; el periodista y escritor Rodolfo Walsh, y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.
El ex marino, que enfrenta un pedido de pena a prisión perpetua, consideró: «El Gobierno no vacila en la venganza de las personas que combatimos el terrorismo. Se busca la venganza a través del martirio y la muerte en prisión».
«Este acto es un linchamiento, este acto no es justicia», se quejó, y hasta sonó amenazante cuando, dirigiéndose a los jueces como «los abogados que tengo a mi izquierda», les dijo: «Esto que están haciendo algún día va a ser considerado delito de lesa humanidad». Luego les advirtió: «Lo que empieza mal termina mal. Todo esto va a terminar peor».
Se calcula que por la ESMA pasaron unos 4500 prisioneros, los cuales en su mayoría terminaron siendo arrojados vivos y dopados al mar desde los «vuelos de la muerte», que hacían los aviones Electra de la aviación naval. Este juicio oral empezó en diciembre de 2009 y es el segundo por los crímenes perpetrados en la ESMA, pues el primero tuvo por acusado en 2007 al ex represor y prefecto Héctor Febres, que cuatro días antes de su último alegato en el proceso antes de la sentencia fue encontrado muerto en su celda envenenado con cianuro.
ÚLTIMAS PALABRAS
«El gobierno no vacila en la venganza con las personas que combatimos el terrorismo».
lanacion.com.ar