El secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, abogó este jueves por un «rápido tratamiento» en el Congreso de la Nación del proyecto que modifica la ley de warrant, que data de 1914, al afirmar que es una norma «necesaria para el país y parte del proceso de modernización».
Basso indicó que actualmente hay once empresas en el país que funcionan como warranteras que emitieron en el 2010 un monto de 7.500 millones de pesos en warrants (certificado de garantía), de los cuales el 88 por ciento corresponde a productos agropecuarios (azúcar, soja, trigo, maní y tabaco, entre otros).
El funcionario recordó que en 1991, cuando la operatoria tomó nuevo impulso, el monto emitido en warrants sumaba 3,5 millones de pesos, y destacó que «la expectativa de la nueva ley generó un crecimiento importante».
Basso exhortó, según consigna DyN, a los bancos nacionales a «involucrarse más en esta operatoria», y contrastó «su lenta reacción» con el interés que se originó en empresas del exterior.
El sistema funciona así: una persona, dueña de una determinada mercadería, se la entrega a una empresa (warrantera) que actúa como depositaria de dicho producto. Al recibir y almacenar el bien, esta empresa emite un Certificado de Depósito (título de propiedad) y un Warrant (garantía especial sobre el producto depositado), y esa persona accede a un crédito, que deberá devolver al vencimiento del warrant; cuando se paga se libera la mercadería.
El proyecto que modifica la ley de warrants, que impulsa el ministerio de Agricultura, fue consensuado en el marco de las mesas de trabajo del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA), y luego se entregó a legisladores que lo presentaron en el Congreso, donde es evaluado en sendas comisiones del Senado y Diputados.
Basso se mostró optimista en que el proyecto «se pueda aprobar en los próximos meses» porque «no hay ningún tipo de oposición» de las fuerzas políticas.
Juan Carlos Sciullo, asesor de la cartera agropecuaria y coordinador del tema warrants, explicó que, entre los cambios que contempla el proyecto, figura: incorporar a la operatoria a bienes o productos importados, a especies vivas, y a bienes en proceso de transformación; y se extiende de seis meses a un año el plazo del warrant.
Con estas modificaciones, pueden entrar en esta operatoria animales vivos, como las aves, pollos, cerdos y novillos, entre otros.
Basso enfatizó, en este sentido, que la ley data de 1914 y «no está en consonancia con la legislación internacional; es necesario aggiornarla, adecuarla a los diversos sectores para hacerla más ágil», y resaltó el especial interés de participar en este esquema de las cámaras avícolas, y de la que nuclea a los feedlots. Sciullo señaló que el warrant es un «título de ejecución administrativa, no judicial», con lo cual se «evita la incidencia que hoy tiene la ley de quiebras».
«Es decir que el acreedor del warrant no va a la justicia a pedir la ejecución (en caso de incumplimiento de pago de la persona que accedió al crédito) sino que acude a la warrantera que publica un edicto, y subasta la mercadería, con lo cual el acreedor cobra», explicó y añadió que hoy el plazo del edicto es de 10 días pero «estamos planteando bajarlo a tres para hacerlo más ágil».
Sciullo puntualizó que el proyecto también busca la creación del mercado secundario de warrants, o sea que cotice en la Bolsa. «Es una forma de crear un nuevo mercado de capitales», subrayó Basso.
Fuente: Punto Biz