Luego de una serie de pujas judiciales para acceder a copias de los convenios y actas del directorio del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que implican decisiones millonarias, la Justicia entregó la información solicitada por el legislador justicialista Marcelo Gastaldi. Sospechas de corrupción y los portuarios en pie de guerra.
Rosario y el puerto son casi dos sujetos que no pueden pensarse uno sin el otro. Tal vez, por esa complejidad originaria, cada vez que en esa ciudad se habla de uno de ese motor económico, los ruidos, acusaciones y declaraciones cruzadas no demoran en llegar. Ahora, fue a pedido del legislador del PJ Marcelo Gastaldi, quien ya venía embalado contra la idea del Socialismo denominada Puerto de la Música y quien acaba de lograr que la justicia obligue al Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) a abrir sus archivos de actos y convenios que asegura, guardan secretos “millonarios”.
Es oportuno recordar que Gastaldi presentó un recurso de amparo sobre acceso a la información pública y su correspondiente cautelar, ya que desde el directorio del Enapro se negaron sistemáticamente a brindarle la documentación correspondiente con un fundamento al menos llamativo: “Momentáneamente, evacuar favorablemente la petición formulada resultaría potencialmente lesivo al trámite y resultado de la negociación en curso con los distintos actores involucrados”.
Gastaldi y su bloque quieren saber qué se modificó desde que el Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario se puso en marcha. En ese sentido, el diputado le contó a La Política Online que “es vergonzoso que nos obligaran a recurrir a la Justicia para tener acceso a información que es pública y no solo perdimos tiempo en avanzar en un debate que permita transparentar las decisiones tomadas, sino que además causan un nuevo perjuicio a las arcas públicas debiendo hacerse cargo de las costas de los abogados”.
El fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de los Tribunales Provinciales avaló la necesidad de poder disponer de información oficial en torno a las negociaciones. Pero según el legislador, también reafirma las dudas en torno a lo “inexplicable” que resulta la extensión de la concesión a un privado por 7 años –desde el 2032 al 2039- , la modificación en los criterios sobre quién debe hacerse cargo de la inversión de la construcción de los nuevos muelles y la imprevisión en relación a los estudios técnicos, financiamiento y plazos de las construcciones previstas.
Pese a la medida judicial, el titular del Enapro, Ángel Elías, recién presentó el pasado viernes una ampliación de información tal como se lo había solicitado hasta la misma legislatura provincial: “Ya era dudosa la situación de venir a responder cuestionamientos a la Cámara y no contar con los estudios técnicos y la documentación correspondiente. El paso de los días lo único que logra es acrecentar la incertidumbre y obligarnos a pensar seriamente en posibles hechos de corrupción”, se despachó Gastaldi ante LPO quien ya estaba redactando un proyecto de Ley para obligar a Elías a responder como sea.
Ahora, en el expediente de más de 200 páginas, Gastaldi espera encontrar respuestas sobre el Convenio de Desocupación con fecha 17 de mayo del 2010, entre el Enapro y Terminal Puerto Rosario SA, datos oficiales del movimiento de carga (contenedores) realizados por la Terminal Multipropósito en el último año y además, los estudios técnicos que realizaron las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario sobre la decisión política tomada por el Directorio de extender en 7 años la concesión del privado.
Con todo por revisar, el Sindicato Portuario mantiene una toma en el Ente al que el oficialismo, busca bajarle el impacto asegurando que no afecta operaciones.
Los entendidos aseguran que la novela, recién empieza.
Fuente: lapoliticaonline.com