Intentarán destrabar el conflicto que paraliza la educación hace casi 5 meses. Los movilizados reclaman la gratuidad del sistema. Desde La Moneda ofrecen becas limitadas e impulsan penas carcelarias para quienes ocupen colegios.
Aunque este miércoles 5 de octubre deben iniciarse las negociaciones directas entre el ministro de Educación de Sebastián Piñera, Felipe Bulnes, y los dirigentes de los estudiantes, alumnos de la enseñanza técnica convocaron a una marcha en Santiago para presionar por las demandas del movimiento estudiantil.
Los estudiantes, que esperan lograr al menos educación universitaria gratuita para el 60% de la población más pobre, rechazan la inequidad del sistema educativo, heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). El Gobierno, que negocia en paralelo en el Congreso el presupuesto 2012, sólo acepta otorgar becas para un 40% de los universitarios más pobres, ofreciendo créditos con bajas tasas de interés para los demás estudiantes.
Las protestas estudiantiles comenzaron a inicios de mayo en reclamo por los altos costos de la educación en Chile, que cuenta con uno de los sistemas educativos más privatizados del mundo. De hecho, sólo el 40% de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.
El escenario se agrava por la prolongación de conflicto que llevan casi cinco meses. Las constantes movilizaciones desgastan paulatinamente el Gobierno de Sebastián Piñera, que, lejos de mostrarse conciliador, redobló la apuesta al impulsa una reforma al Código penal que castigaría con cárcel a quienes ocupen edificios públicos y/o privados.
Justamente, una de las medidas que utilizan los estudiantes para llevar adelante la protesta es la toma de los establecimientos educativos. La iniciativa transforma en delito la «ocupación o invasión ilegal de inmuebles», como viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales; ya sean fiscales, municipales o privados. De aprobarse esta iniciativa gubernamental, los estudiantes que participen en tomas de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades, podrían ser condenados a tres años de prisión.
«A nuestro Gobierno no le van a temblar las manos», afirmó el mandatario en gira por la patagónica ciudad de Punta Arenas, a horas de la mesa de diálogo y sólo a días de que una nueva encuesta situara su popularidad en 22 por ciento.
La líder universitaria Camila Vallejo, quien calificó la decisión del Ejecutivo de «preocupante», opinó que el Gobierno está dando la señal «de querer romper el diálogo» recién constituido. «No se puede jugar con un derecho de la sociedad en su conjunto, que es el derecho a manifestación, y eso hoy día se está coartando producto de esta ley», reclamó.
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