El rastreo de llamadas, clave para atrapar a los ladrones de un banco

El 9 de septiembre del año pasado, un grupo comando robó 3 millones de pesos de una sucursal del Nación en Pompeya. El entrecruzamiento determinó que los sospechosos usaron sus propios celulares para comunicarse.

Parecían tener todo previsto, pero cometieron un error impensado para una banda híper profesional: utilizaron sus propios teléfonos celulares. Un paciente entrecruzamiento de miles de llamados que realizaron los fiscales Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa los detectó y permitió llegar hasta ellos. Así cayó una presunta banda que el 9 de septiembre de 2010 se llevó en apenas segundos unos tres millones y medio de pesos de la sucursal número 71 del Banco Nación, ubicada en la calle Lupi 1090, en el barrio de Pompeya.
“Un grupo de al menos cuatro personas encapuchadas irrumpió en el lugar aproximadamente a las 16:49 portando armas de fuego. Haciendo uso de una maza y un tubo metálico, partieron el Blindex de la entrada del local –que estaba cerrado al público– y se dirigieron directamente a la bóveda, que había sido abierta en ese preciso instante por personal de la entidad para depositar allí la recaudación del día. En menos de dos minutos, los autores abandonaron el banco con un botín de 2.618.620 pesos y 142.911 dólares, a bordo de una camioneta Peugeot Partner que los estaba esperando en la puerta”, describe un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña, firmado por los jueces Horacio Rolando Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, al que tuvo acceso Tiempo Argentino.
Previo al golpe, “pudo detectarse que fueron realizados diferentes llamados al (número de emergencias) 911 de la Policía Federal Argentina, con el objeto de formular denuncias falsas y, con ello, desviar los recursos de las fuerzas de seguridad”, añade el escrito.
La modalidad distractiva ya había sido utilizada en al menos otros dos asaltos a bancos. Los investigadores no sabían por dónde empezar. Entonces decidieron buscar una aguja en un pajar. Y, por una vez, la encontraron.
Los fiscales rastrearon desde qué teléfonos se habían realizado los llamados con alertas falsas. Así, dieron con dos abonados que, además de llamar al 911, se habían comunicado entre sí y “activaron celdas aledañas a la sucursal asaltada el día de los hechos. A la vez, en los minutos previos a concretar las llamadas de distracción, mantuvieron comunicaciones con abonados cuyos usuarios también estaban en los alrededores de la entidad”.
Más aun: cuando profundizaron la investigación, detectaron que uno de esos teléfonos era un celular de alguien que “tenía contacto visual del tesoro y fue quien informó a los demás acerca del momento en que debía ejecutarse el plan. Esa persona era el agente policial Ángel Martínez, servicio de seguridad adicional asignado al “búnker” de la sucursal bancaria. La investigación había llegado al presunto entregador.
El otro teléfono pertenecía a Adrián Romero, ex miembro de la Policía Federal, quien ya tenía antecedentes penales. Al revisar el teléfono de Romero, hallaron comunicaciones frecuentes con Martínez y también con un tal “Chejo”, el cabo de la Federal Javier Chejolán, quien utilizaba un Nextel que estaba a nombre de otra persona.
Los investigadores llegaron hasta el entorno del titular del Nextel y obtuvieron un dato clave: un testigo dijo haber presenciado el momento en que Chejolán “reconoció en reuniones familiares haber participado del robo al Banco Nación junto a Romero (alias ‘Nico’) y Martínez, entre otros. Agregó que el nombrado integraba un grupo de policías que se dedicaba a asaltar bancos y que el ‘cerebro’ de la banda sería un sujeto llamado Héctor (alias ‘Beto’), que elegía el objetivo previo recibir información por parte de Nico.”
De las escuchas telefónicas surgió que “Héctor” sería Héctor Ferrari, señalado como supuesto “jefe de la banda”.
Romero, Chejolán y Martínez están hoy procesados, detenidos y en camino a juicio oral y público, acusados de “robo con armas, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada, agravado –en el caso de Chejolán– por tratarse de un miembro de las fuerzas policiales”. La pena máxima contemplada en el Código Penal para esos delitos es de 20 años de cárcel.
“Se trataba de una banda que, con el fin de neutralizar la intervención de las fuerzas de seguridad, utilizaba técnicas de distracción… una banda conformada por actuales y ex miembros de fuerzas policiales que, aprovechando su función, utilizaron información interna para irrumpir a mano armada en un banco para breves instantes después abandonarlo, sustrayendo un importante botín. Que ese dinero no haya sido aún encontrado resulta un factor a valorar, frente al peligro de entorpecimiento a los fines del proceso que esa situación supone”, dijeron los jueces.

Fuente: Tiempo El Argentino