Se abrió en la Argentina un proceso penal contra el grupo que controla las cadenas Jumbo y VEA por la supuesta venta de alimentos donados para las víctimas del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. La AFIP calcula que la firma evadió impuestos en Argentina por más de US$4 millones, al haber vendido la mercadería sin pagar el 35% correspondiente al Impuesto a las Ganancias, el 5% de derechos de exportación y el 21% de IVA.
La empresa retailer chilena Cencosud sigue envuelta en la polémica en Argentina luego que se abriera un proceso penal en su contra por la venta de alimentos donados para las víctimas del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, según consta en la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP).
Según replica hoy el diario El Mercurio, Ámbito Financiero publicó hoy que el fiscal a cargo del caso compartió los argumentos denunciados por la AFIP, que aseguró que la compañía vendió en Chile alimentos donados en la Argentina, con su consecuente evasión impositiva.
El proceso comenzó en 2010, cuando Jumbo Retail Argentina envió mercadería de primera necesidad como ayuda gratuita a los afectados por la catástrofe, exenta del pago de impuestos por su naturaleza (bajo el régimen de envíos de asistencia y salvamento).
Sin embargo, según consta en la denuncia dada a conocer por Ámbito Financiero, esos productos exportados en 183 camiones fueron finalmente comercializados por Cencosud en Chile, en rigor vendidos a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi).
Así, y aunque la empresa niega haberse beneficiado con esa operación, se abrió el proceso penal por contrabando calificado en la exportación de ayuda humanitaria.
La AFIP calcula que la firma evadió impuestos en Argentina por más de US$4 millones, al haber vendido la mercadería sin pagar el 35% correspondiente al Impuesto a las Ganancias, el 5% de derechos de exportación y el 21% de IVA.
Las eventuales penas para estos delitos son de prisión desde 4 hasta 12 años, multas de 4 a 20 veces los montos afectados, previstas en el Código Aduanero.
El juez remitió la denuncia al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Fernando Alcaraz, que después de evaluar la situación pidió al juez que se abra el proceso. Este requerimiento es el que ahora fue aceptado.
Fuente: mdzol.com