Debate La negativa del gobernador de Santa Cruz a cumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia constituye una injuria al orden constitucional . Cualquier interpretación sobre el contenido del fallo se vuelve irrelevante frente a la gravedad que importa la irrupción sobre el Estado de derecho y el agravio al sistema institucional republicano . Pero más grave aún es el respaldo a la desobediencia por parte del Gobierno nacional . No es admisible que uno de los poderes del Estado avale la rebeldía para con otro poder. Así, la ejemplaridad que se espera de los gobernantes se estrella contra la realidad del “qué me importa” como estilo de gobierno. Más aún, el Ejecutivo, a través de Zannini, eligió desnudar su inocultable desprecio por la división de poderes y su vocación absolutista, al admitir con brutal sinceridad que el gobierno no “eligió” a la Corte para que impartiera Justicia en detrimento de sus intereses.Como el Proceso, como Menem, también ellos hubieran preferido una Corte adicta . Allí se inscribe la vocación del Gobierno de otorgar el estatus de refugiado político a un ciudadano chileno acusado de asesinato durante un gobierno democrático, decisión tan hipócrita como comparar el mandato de respetar a la Corte con un “golpe de Estado”. Los golpes de Estado son los que avasallan las normas y las instituciones de un país.En las declaraciones de la Presidenta que acusan al máximo tribunal de desconocer el derecho constitucional no puede rebelarse otra vocación que la de generar un grave conflicto de poderes para alimentar la lógica de confrontación amigo- enemigo que es sello de este estilo de gobierno.No hay Estado de derecho, seguridad jurídica, ni libertad posible si también dejamos en manos del Poder Ejecutivo el control de constitucionalidad . Las sentencias no se comentan, se acatan. Nadie puede por sí sostener que es de “cumplimiento imposible” un fallo de la Corte.Lo único imposible sería permitir que en nuestro país la igualdad ante la ley rija sólo para algunos. Lo que es lo mismo que decir que no rija para nadie.
Por GUSTAVO FERRARI, DIPUTADO NACIONAL, BLOQUE PERONISMO FEDERAL