Sergio Schoklender presenció la apertura de cajas de documentación de la causa por el presunto fraude con fondos públicos que se le imputa y fue escrachado en las puertas de los tribunales por obreros de las contrucciones.
Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presenció hoy la apertura de cajas de documentación de la causa por el presunto fraude con fondos públicos que se le imputa y fue escrachado en las puertas de los tribunales porteños por empleados que contrató para la construcción de viviendas.
A media mañana, Schoklender arribó caminando tranquilo a Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, e ingresó por la puerta principal, pero hora y media más tarde debió retirase protegido con custodia de la Policía Federal por una salida lateral, para esquivar al centenar y medio de trabajadores que le aguardaban en la calle.
Cuando finalizó la diligencia, el abogado defensor Adrián Tenca anunció que, además de la apertura de las cajas, en el juzgado de Norberto Oyarbide dejaron «documentación que prueba la ajenidad de mi defendido respecto de todo lo que se le imputa y por eso mañana pediré su sobreseimiento».
Mientras el ex apoderado estaba en el interior de tribunales, afuera una de las trabajadoras que manifestaba declaró ante la prensa: «Schoklender se burló de la gente. Es el primer responsable de todo esto. No podemos exigirle que nos pague pero por lo menos enseñarle que a los pobres se los respeta».
La mujer aseguró que «la Fundación nos debe una quincena. No encontramos a nadie que baje a dar la cara. Porque la situación real de la Fundación es que no tiene fondos», y explicó que en el barrio Castañares «hay previstas 780 viviendas, que no se terminaron y están a la espera de qué pasará».
Justamente en esa zona otro grupo de obreros de la Fundación Madres de Plaza de Mayo cortó a la misma hora la avenida General Paz, en el límite de la localidad bonaerense de Villa Madero y el barrio porteño de Villa Lugano, en reclamo de los sueldos adeudados por la organización que lidera Hebe de Bonafini.
Los obreros del plan de construcción de viviendas sociales «Sueños Compartidos» de la Fundación hace más de dos meses que vienen reclamando el pago de salarios y aguinaldos adeudados que no cobraron desde que estalló el escándalo entre Schoklender y Bonafini por el manejo de los fondos aportados por el Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido.
Schoklender y su abogado Tenca concurrieron esta mañana a la fiscalía federal de Jorge Di Lello y presenciaron la apertura de dos de las ocho cajas con documentación de la Fundación que el ex apoderado había aportado a la causa.
Al contrario de lo que se especulaba, no participaron del acto Bonafini ni su abogado, Eduardo Barcesat.
Cuando finalizó la diligencia, Tenca anunció a los periodistas que, además de la apertura de las cajas, en el juzgado de Norberto Oyarbide «dejamos documentación que prueba la ajenidad de mi defendido respecto de todo lo que se le imputan y por eso mañana pediré su sobreseimiento».
A mediados de julio, Schoklender había entregado un escrito en el juzgado, donde apuntaba directamente a Bonafini por las decisiones tomadas en torno al proyecto «Sueños Compartidos».
Oyarbide, a cargo de la causa, dispuso el secreto de sumario en el expediente que se abrió para investigar posibles delitos que van desde defraudación a la administración pública hasta lavado de dinero y asociación ilícita en el manejo de fondos públicos destinados al programa de viviendas.
El fiscal Di Lello pidió una serie de medidas de pruebas a la AFIP para examinar un contrato firmado a fines del año pasado entre la empresa Meldorek S.A., atribuida a Schoklender, y las Madres.
Allí la compañía se había comprometido a entregar viviendas sociales terminadas a través de «Sueños Compartidos», por el cual la Fundación de las Madres recibía fondos públicos distribuidos por el Ministerio de Planificación.
En la causa están siendo investigados Sergio Schoklender y su hermano Pablo, Alejandro Abraham Gotkin, Marcela Nancy Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Adrián Serventich, Leonardo Alejandro Hubscher, Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García, todos vinculados a las empresas sospechadas.