La Argentina reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su «responsabilidad» por la muerte del joven Walter Bulacio, en 1991 en el contexto de un recital de Los Redonditos de Ricota, por «razones de estricto contenido político» y por orden del presidente interino Eduardo Duhalde de llegar a una «Solución Amistosa».
Así se desprende de una notificación oficial girada por el Ministerio de Justicia a la jueza del tribunal oral número 29, María Cristina Delucca Giacobini, quien presidirá el debate en el que será enjuiciado por «privación ilegal de la libertad» el ex policía Miguel Ángel Espósito.
Según documentación, el 25 de febrero pasado el Tribunal Oral pidió al Ministerio de Justicia una copia de la defensa que hizo el Estado Argentino ante la CIDH ante la demanda de la familia de Walter Bulacio.
Mediante una nota firmada por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alen, el tribunal recibió ese escrito de defensa, pero con la aclaración de que «el tenor y contenido de la contestación de demanda» se correspondía con «la postura sostenida en la decisión que primó en un primer momento».
La aclaración se refiere a que durante el gobierno de Fernando De la Rúa, el Estado Argentino decidió «litigar el caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos», es decir ejerció su defensa, rechazó las imputaciones de torturas aplicadas al joven ricotero y pidió que se rechazara la demanda.
Pero tras la caída de la Alianza, «atento a razones de estricto contenido político, el entonces presidente de la Nación, por decreto 161/03 ordenó a la Procuración del Tesoro de la Nación llegar a un Acuerdo de Solución Amistosa en el caso», explica la nota del Ministerio de Justicia al tribunal.
La misiva, de poco más de una carilla de extensión, recuerda que a raíz de esa orden de Duhalde y pese a que la Argentina tenía en marcha su defensa ante el tribunal internacional, el 26 de febrero de 2003 se firmó el acuerdo «en el que el Estado reconocía su responsabilidad internacional en este caso».
De tal modo, la Argentina reconoció ante un tribunal internacional haber violado los derechos humanos de Walter Bulacio, cuando en los tribunales locales faltaban todavía ocho años para que la causa llegara a juicio oral, ya que la fecha prevista para el debate inicialmente era el 3 de agosto próximo, aunque ahora está demorada por un planteo de recusación contra los jueces.
Fuente: Diario Hoy