La ex ministra de Salud y candidata a diputada por la Unión para el Desarrollo Social (Udeso) Graciela Ocaña denunció que existe una “estrategia consensuada, común, entre la Cancillería y la empresa Covelia” para demorar la respuesta del juez federal Oyarbide sobre Hugo Moyano.
En declaraciones a FM Millenium, Ocaña dijo que “la legislación suiza permite tener bloqueada una cuenta seis meses y ya pasaron casi cinco”, mientras el presidente de Covelia, Ricardo Depresbiteris, contrató un abogado en Suiza para que le desbloqueen el 1,8 millón de dólares embargado.
“Cuando se llegue a los seis meses Depresbiteris, un aliado de Moyano, recuperará la plata y se cerrará la causa en Suiza” por supuesto lavado de dinero, advirtió.
Por eso la ex diputada también está estudiando la posibilidad de denunciar al canciller Héctor Timerman por el delito de obstrucción de justicia por demorar el trámite, mientras prepara una denuncia penal contra Covelia, la empresa recolectora de residuos preferida de Moyano.
Además, Ocaña ofreció a la justicia suiza llevar personalmente la documentación que reclama hace cinco meses sobre las causas judiciales en las que se investiga al jefe de la CGT y aliado del Gobierno.
“Como el Gobierno bloquea el pedido de cooperación judicial suizo, Ocaña está dispuesta a viajar a Ginebra y llevar la documentación a la fiscal María Antonina Bido”, informó una fuente allegada a la ex ministra.
La oferta de Ocaña, hecha a través de una carta enviada el mes pasado, está siendo analizada por la fiscal suiza para ver si el aporte de una ex funcionaria tiene valor jurídico para la legislación de su país.
La renovada disposición de Ocaña a llevar esa documentación se conoció después de que la ex ministra afirmara el viernes que el canciller Timerman “convirtió a la Cancillería en un aguantadero para dar protección al mejor estilo mafioso, a uno de sus integrantes”.
Las críticas de Ocaña, la vicepresidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Margarita Stolbizer, y de la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich se conocieron después de que se revelara el viernes que la Cancillería rechazó una respuesta suiza a un requerimiento formal del juez federal Norberto Oyarbide.
Ese rechazo es un nuevo capítulo del largo procedimiento iniciado el 8 de febrero pasado cuando la fiscal suiza Bido informó que había bloqueado una cuenta bancaria del presidente de Covelia y pedido copias de las causas en que se investiga en la Argentina a Moyano y su entorno.
Al conocerse ese pedido, el 17 de marzo pasado, Moyano lanzó un paro de camioneros que suspendió al día siguiente, luego de contactos con el Gobierno. En medio de ese escándalo, el sindicalista moyanista Julio Piumato se preguntó: “Por qué no rechazó el exhorto la Cancillería si hasta se expresa despectivamente de Néstor Kirchner”.
El 18 de marzo, Timerman se comunicó con el embajador suizo en Buenos Aires, Johannes Matyassy, y luego dio a conocer un comunicado en el que afirmó que “no existe una investigación contra Moyano” en Suiza.
El exhorto recayó en el juzgado de Oyarbide quien pidió el 18 de marzo a Suiza -vía cancillería- una copia en español “de las normas aplicables”, es decir de las leyes contra lavado de dinero.
Como la cancillería argentina no le enviaba ninguna respuesta, Oyarbide le mandó una nota el 4 de mayo en la que preguntaba qué pasaba “atento el largo tiempo transcurrido”.
Siete días después, la Cancillería le contestó que el 3 de mayo había rechazo por criterio propio una respuesta suiza a su pedido y pedido “mayores elementos informativos”.
El abogado Ricardo Monner Sans explicó que según la ley nacional 24.767, como el Gobierno aún no ratificó un tratado de cooperación judicial bilateral iniciado por el ex presidente Néstor Kirchner, la Cancillería tiene potestad para rechazar un exhorto en el inicio del trámite si no se ajusta a esa norma, pero “después el tema queda en manos del juez”.
Fuente: www.losandes.com.ar