El juez Marcelo Martínez de Giorgi solicitó a las provincias de Misiones, Santiago del Estero y Chaco y a varios municipios bonaerenses, Rosario y Bariloche copias de los acuerdos para la construcción de viviendas con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyo ex apoderado, Sergio Schoklender, está siendo investigado por presuntas irregularidades. En tanto, funcionarios del Gobierno nacional asistieron ayer a la Cámara de Diputados y aseguraron que «no hay un solo certificado en la Fundación que no esté invertido en ladrillos».
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió ayer copia de los acuerdos para la construcción de viviendas entre las provincias y municipios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuyo ex apoderado, Sergio Schoklender, está siendo investigado por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de estos planes habitacionales.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado solicitó copias de los contratos que la «Misión Sueños Compartidos» celebró con varios partidos bonaerenses, así como con los de Rosario y Bariloche; y las provincias de Misiones, Santiago del Estero y Chaco.
Según las fuentes, esos estados celebraron contratos con la Fundación puesto que no los hubo directamente con la Nación, aunque ello podría ser materia de investigación más adelante.
Martínez de Giorgi ya pidió a cada uno de los municipios y Provincias que celebraron contratos, copias de los mismos, y cuya ejecución de las obras se presume estuvieron a cargos de la empresa Meldorek S.A, de la cual Schoklender es titular del 90 por ciento de las acciones.
En la causa se intenta determinar si se pagaron sobreprecios en la construcción de viviendas y si las mismas cumplen en cuanto a la cantidad y calidad pactadas en los respectivos acuerdos.
El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Miguel Ángel Osorio y solicitó antecedentes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para saber si existe «Misión Sueños Compartidos» y si la misma constituye un programa o bien una Fundación.
También pidió informes a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la realización de propiedades en el marco del Programa Federal de viviendas.
Por otra parte, ayer al mediodía el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Alberto Bontempo, asistieron a la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y durante más de tres horas brindaron detalles sobre los programas a cargo de la Fundación Madres de Plazo de Mayo.
En este marco, Bontempo aseguró que «no hay un solo certificado en la Fundación que no esté invertido en ladrillos», por lo que «la estafa» por la que se investiga a Sergio Schoklender fue cometida «fuera del sistema» de convenios para la construcción de viviendas sellado entre el Estado y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, precisó que desde el 2008 hasta hoy la Fundación de las Madres recibió un total de 765 millones de pesos para la construcción de viviendas y hospitales, y recibirá otros 500 millones de pesos más por obras aún en proceso de ejecución.
Por su parte, Fatala indicó que «en la construcción de este tipo de viviendas no se paga un solo peso que no esté colocado en obra» y explicó que el Gobierno nacional «no otorga subsidios» a esa Fundación sino que se trata de «transferencias de recursos para realizar obra pública como factor de inclusión social».
Fatala y Bontempo puntualizaron que el Gobierno entrega un 15 por ciento de anticipo financiero por obras encuadradas en proyectos que aprobados con informes técnicos, y que ese monto inicial «se va descontando certificado por certificado y cuenta con una póliza de caución».
«Auditamos cuando vemos que una obra está parada mucho tiempo», declaró Bontempo y remarcó que el Gobierno «se encarga de auditar la cuenta del distrito donde se giran los montos para el inicio de obras».
En una larga reunión de comisión, presidida por el radical Hipólito Faustinelli, donde abundaron los cruces entre legisladores opositores y del oficialismo, Bontempo dijo que será la Justicia la que «deberá establecer cómo se realizó el desfalco».
«No sé de los manejos de Schoklender; ni sabía que tenía chequeras. No trabajamos con él sino con las jurisdicciones», subrayó y aseguró que «no existen sobrecostos porque las viviendas tienen precios fijos».
Además, los funcionarios enumeraron el listado de organizaciones no gubernamentales con las que llevan adelante este tipo de programas, entre ellas Cáritas, y resaltaron el valor de dar una solución habitacional «donde el mercado no llega», como por ejemplo en los bordes de El Impenetrable, en Chaco, y zonas marginales de Santiago del Estero.
Ayer también el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibió a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe De Bonafini. El encuentro se llevó a cabo por espacio de 30 minutos, en el despacho del jefe de ministros en la Casa de Gobierno.
Fuente: InfoRegión