En estos momentos en que se lleva a cabo la 41° Asamblea General de la OEA, donde nuestro país ha planteado nuevamente su magno problema, es conveniente hacer un análisis de las once resoluciones que dicho organismo sancionó en favor de nuestra causa marítima.
Como se tiene conocimiento, la primera resolución se promulgó en la Asamblea General reunida en La Paz en 1979, año del centenario del inicio de la Guerra del Pacífico. Ella es considerada como la mejor de todas, no sólo porque fue la primera vez que la organización dictaminara al respecto, sino porque el texto resumía las condiciones en que nuestro país deseaba negociar con Chile. Allí se expresa que se debía ceder a Bolivia un territorio que lo vinculara con el océano Pacífico, con una costa que incluyese soberanía sobre los recursos marítimos. Asimismo, que se estableciera una zona de desarrollo integrado entre los tres países (Bolivia, Chile y Perú), la cual “incluiría un puerto en el actual territorio chileno”. Y, por último, que no se “deberán incluir compensaciones territoriales”.
Pese a la gran alegría que dicha resolución provocó en el pueblo boliviano, el cual creía ingenuamente que ya se estaba acercando al mar, la misma no tuvo ningún fin práctico, ya que Chile consideró que le imponía condiciones inaceptables y siempre la repudió.
Luego, vinieron dos resoluciones, las de 1980 y 1981, con un texto muy similar que decía lo siguiente: “Exhortar a los Estados involucrados a que, a través de las vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más satisfactoria del problema marítimo boliviano”. Éstas fueron aprobadas por consenso, es decir, hasta con el consentimiento chileno.
En 1982, cuando retornó la democracia en Bolivia, se gestionó la obtención de una resolución muy semejante a la de 1979. Pero sólo se logró la reafirmación de las tres primeras resoluciones, con una recomendación a las partes involucradas “que pongan en marcha negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Chile la rechazó señalando que la resolución de 1979: “sigue siendo ilegítima y no empece a Chile”.
Ahora bien, en 1983, y gracias a la gestión del canciller José Ortiz Mercado, se logró que Chile, junto con Bolivia y Colombia, presentara un texto de resolución a la Asamblea. Éste era mucho más extenso que los anteriores, y exhortaba a las partes a que normalicen sus relaciones para superar las dificultades que los separaban, “incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico”. Dicho texto fue aprobado por unanimidad y mereció aplausos de la sala. Además, la mayoría de las delegaciones hizo uso de la palabra para manifestar su complacencia por el acuerdo alcanzado. Cabe destacar que gracias a la resolución de 1983, se pudo iniciar conversaciones que culminaron en la última negociación sobre la cuestión marítima del siglo pasado, denominada del “enfoque fresco”, entre los años 1986 y 1987.
Posteriormente, las resoluciones emitidas desde 1984 tuvieron un texto cada vez más reducido, y ya no fueron aceptadas por Chile. La última de ellas, la de 1989, tuvo la virtud de determinar que el problema marítimo se mantendría permanentemente en la organización, “a requerimiento de una de las partes involucradas”. Ello fundamentó que Bolivia pudiese presentar cada año un informe sobre el tema sin tratar obligadamente de imponer una resolución.
Es menester tener presente que las resoluciones rechazadas por Chile son sólo declaraciones líricas y no conducen a nada positivo. Nuestro pueblo debe entender que ni la OEA ni ningún organismo internacional pueden obligar a Chile a efectuar cesiones territoriales. En consecuencia, se debe negociar con ese país para que el próximo año, cuando la Asamblea se reúna en Bolivia, se apruebe una resolución al estilo de la de 1983, que sea aprobada por consenso y que sirva de base para una futura negociación franca y amistosa que determine la supresión de nuestro enclaustramiento geográfico.
Fuente: la-razon.com