La fecha fue acordada en una nueva reunión entre los ministros Garré y Montenegro. El operativo será realizado por la Policía Federal y la Metropolitana. El predio de viviendas está tomado desde marzo.
Después de varias idas y vueltas, está todo listo para que el próximo martes se lleve a cabo el desalojo del predio de viviendas de Bajo Flores ocupado desde marzo. El operativo se haría conjuntamente entre la Policía Metropolitana y la Federal, tal como lo había solicitado la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Según trascendió, no se pagarán subsidios a las personas ni se les entregarán viviendas como pedían.
La fecha del desalojo fue acordada durante una nueva reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y su par de la Ciudad, Guillermo Montenegro. En dicho encuentro los ministros diseñaron el operativo, que llevará adelante la Metropolitana -sin armas-, con apoyo de la Federal formando un cerco en el predio de Castañares y Lafuente para impedir agresiones desde afuera.
La Federal, a su vez, continuará custodiando el complejo hasta tanto sea ocupado por los vecinos que viven en los márgenes del Riachuelo, en las villas “El Pueblito” y “Luján”.
De esta manera, se pondrá punto final a la disputa que mantenían la Nación y la Ciudad en torno a la responsabilidad del operativo, un cortocircuito que recién se pudo destrabar con la intimación de la Corte Suprema la semana pasada. Hasta aquel momento, el macrismo sostenía que la Policía porteña no tenía capacidad operativa para realizar el desalojo, mientras que la Nación consideraba que el desalojo, por tratarse de una usurpación, era menester de la Metropolitana.
También así se cumplirá la orden dictada por el juez de Quilmes, Luis Armella, en el marco del plan de relocalización de los habitantes de los márgenes del Riachuelo y el saneamiento de la cuenca.
Por estos días, fuentes del Gobierno porteño calculan que el predio está tomado por un centenar de personas, aunque ese dato no pudo ser comprobado dado que los habitantes se negaron a ser censados por el Ministerio de Desarrollo Social porteño en dos oportunidades.
Fuente: La Razón